Las bufonadas de los líderes de Morena en el Congreso de la Unión apenas si han aletargado la agenda legislativa dictada por Andrés Manuel López Obrador. La glosa del sexto informe de gobierno —la última pasarela de los integrantes del gabinete— tampoco retrasará la construcción del entramado legal que permitirá a la administración entrante desplegar … Continued
Las bufonadas de los líderes de Morena en el Congreso de la Unión apenas si han aletargado la agenda legislativa dictada por Andrés Manuel López Obrador. La glosa del sexto informe de gobierno —la última pasarela de los integrantes del gabinete— tampoco retrasará la construcción del entramado legal que permitirá a la administración entrante desplegar sus proyectos prioritarios.
La transición de terciopelo duró menos de un mes. Y mientras la entrega-recepción avanza a trompicones, en ambas cámaras pronto comenzará a resolverse un paquete legislativo que definirá el rumbo del próximo gobierno.
Ninguna, empero, tuvo carácter de iniciativa preferente como originalmente habían acordado Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Las erogaciones excesivas en el Senado y la Cámara de Diputados en el último trimestre del 2018 y el ajuste —a la baja— en las percepciones de los parlamentarios harán que prediquen con el ejemplo.
Y por la vía fast track, la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, en la que ya se estipula que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos.
En ciernes, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que incorporará a los coordinadores estatales del Plan Nacional de Desarrollo dentro del organigrama gubernamental que ingresaría a trámite dentro de un mes.
No obstante, los 32 coordinadores estatales ya fueron designados. Y uno por uno serán presentados públicamente por AMLO en la gira de agradecimiento, aunque llevan un mes de trabajo intenso en la revisión del funcionamiento de las delegaciones de las dependencias federales, que seguirá de una reingeniería que será avalada por Gabriel García Hernández, antes de proponerla al presidente electo.
Los coordinadores estatales podrán tener hasta seis subcoordinadores, en el caso de las entidades más grandes. Y un “equipo amplio” —de acuerdo a información confirmada en cinco casos— de colaboradores que les ayudarán en el procesamiento y gestión de los recursos de los programas federales.
El modelo de coordinaciones territoriales nació en el GDF hace dos sexenios. Entonces, AMLO designó 16 enlaces —todas mujeres— con los jefes delegacionales para resolver la agenda de seguridad, aunque el esquema no funcionó por las objeciones del entonces jefe de la oficina, René Bejarano.
Esta vez, los estados serán divididos en coordinaciones regionales, que tendrán un responsable y englobarán a un conjunto de municipios, definido por criterios geográficos. Cada uno de los subcoordinadores deberá reclutar a 50 colaboradores que mientras ocurren las adecuaciones legales, cumplirán con un trabajo voluntario.
En vísperas de estas definiciones, la fracción priista en el Senado propuso al pleno emitir un exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se pronuncie a favor del Pacto Federal en esta etapa de transición y para que, de manera conjunta, organicen foros de consulta sobre la pertinencia de la figura de los coordinadores estatales anunciada por el presidente electo, así como la posible afectación de las atribuciones conferidas a los ejecutivos estatales y al régimen federalista prevaleciente en nuestro país.
El exhorto —presentado por Ángel García Yáñez— sería extensivo al equipo de transición designado por el presidente electo y la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se tomen en cuenta principios que promuevan las condiciones de convivencia democrática y colaboración administrativa entre los distintos órdenes de gobierno dentro del Pacto Federal y en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además de la reforma a estas leyes, en el Senado de la República pronto se completarán los ordenamientos legales que harán posible la designación del fiscal general de la República en los próximos dos meses. Enseguida, vendrían los nombramientos de los nuevos fiscales anticorrupción y de delitos electorales, además del nuevo titular de la SEIDO.
EFECTOS SECUNDARIOS
LLAMADO. De visita en México, el CEO de Unilever, Paul Polman, exhortó a la elite empresarial —a la que definió como parte de un selecto grupo de 2% de la población que puede disfrutar de un nivel de vida excepcional— a que “sean conscientes de este privilegio y que se pongan al servicio del otro 98% de los mexicanos”. En su calidad de presidente de la International Chamber off Commerce, Polman definió que el sector privado, como masa crítica, puede impulsar las soluciones al cambio climático y la pobreza.
AMISTAD II. A las afueras de Ciudad Acuña, En el Green Power construye el parque eólico más grande de México para la generación de energía eléctrica. La primera fase del proyecto sirvió para construir una planta de 100 megawatts (MW) y las obras del Amistad II están en marcha, para generar 350 gigawatts anualmente, con lo que se evitará la emisión de alrededor de 190,000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Amistad II —que requerirá una inversión de 115 millones de dólares— es el primer proyecto adjudicado en la tercera subasta de largo plazo en noviembre 2017 que está en etapa de construcción. La empresa italiana también fue adjudicada en la subasta de noviembre de 2017 con las plantas de 100 MW Amistad III y 149 MW Amistad IV. En Coahuila también construye la planta solar fotovoltaica más grande de las Américas, en la comunidad de Villanueva, que generará 828 MW.
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