Las primeras que agravió la ‘4T’

La incomprensión y falta de empatía de la 4T con el feminismo se asomó de manera indirecta desde el inicio del sexenio, en agravio de miles de madres en extremo pobres al violarles a sus hijos el constitucional interés superior de la infancia, cuando quitó los apoyos económicos a las estancias que proporcionaban educación inicial y alimentos a poco más de 350 mil niñas y niños menores de cuatro años.

Esas mujeres no se manifestaron ayer, o su presencia en las marchas quedó diluida porque son, en su mayoría, trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes y vendedoras de fritangas en puestos callejeros.

Con la negación del presupuesto a las estancias no solo se le complicó la existencia a esa población femenina, sino se privó a casi 150 mil menores de lugares dignos y seguros, exponiéndolos a los riesgos de vivir en la calle sus primeros años.

Aunque deben capotear ofensas derivadas del machismo (por lo común se trata de madres solteras), su problema no se reflejó en las demandas de ayer, concentradas más que nada contra las agresiones sexuales, la discriminación laboral y salarial, la violencia intrafamiliar o de pareja y la exigencia de justicia por el flagelo de los feminicidios.

Manejadas por amas de casa y supervisadas por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, las estancias desaparecieron por la misma insensatez con que la 4T descalifica a las feministas considerándolas manipuladas por “la derecha”.

Clara Torres, efímera directora del Programa de Estancias Infantiles de la que se volvió Secretaría federal del Bienestar, denunció a principios de 2019 que la subsecretaria Ariadna Montiel fue quien le dijo (el 5 de febrero de aquel año) que René Bejarano analizó la estructura territorial de nueve mil 500 “líderes” (mujeres) que operaban las estancias en dos mil 500 municipios. “Me dijo: ‘no son afines a nosotros, porque protestan y le gritan al presidente López Obrador; esto ya no lo vamos a tratar como política pública, sino como amenaza política, por eso vamos a cancelar el programa’…”.

Para matar las estancias inventaron que había diez mil niños fantasmas y corrupción, patraña que jamás nadie demostró.

En lugar de financiar las estancias, el gobierno decidió entregar en propia mano de las madres la mitad del presupuesto que se destinaba por cada niño. ¿Resultado? Ese dinero lo emplean para cubrir otras necesidades y no en la educación de sus criaturas.

Con las demandas de amparo concentradas en la Suprema Corte y aletargada la resolución por la pandemia, casi cuatro mil de aquellas nueve mil 500 estancias han desaparecido en dos años. Las que subsisten se explica porque varios gobiernos estatales y ayuntamientos absorbieron los costos y solo 1 por ciento de la población infantil es de madres que reciben (menos de mil pesos) la limosna gubernamental.

Imaginando “adversarios” por doquier, es lógico que, como en las estancias infantiles, la 4T vea en el feminismo una peligrosa “amenaza política…”.