Las paradojas del caso Posadas

Ha transcurrido un cuarto de siglo, desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El esplendor del sexenio salinista terminó ese lunes 24 de mayo de 1993, tras la balacera en el estacionamiento del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo. El arzobispo de Guadalajara se convirtió en el primer mártir de la transición a la democracia en México y la opinión pública conoció a la segunda generación de gatilleros del narco que llevaron sus reyertas a escala global.

La guerra que enfrentaba a los hermanos Arellano Félix contra Héctor Luis el Güero Palma y Joaquín el Chapo Guzmán ya había ensangrentado al noroeste del país pero la administración priista sólo tuvo ojos para la negociación del TLC y la implementación de las reformas… hasta esa tarde infausta.

Basado en el “informe Nintendo” (una recreación animada de la balacera en el aeropuerto), el procurador Jorge Carpizo postuló la hipótesis de la confusión —los sicarios habrían disparado contra el purpurado, en el entendido de que el tripulante del Grand Marquis blanco era el Chapo— y, desde entonces, el gobierno priista perdería los respaldos que tenía entre la grey católica. Al año siguiente, ya con el exombudsman al frente de Gobernación, ocurrirían los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Al borde de la ingobernabilidad, el país enfiló hacia unas presidenciales dominadas por el miedo. Ernesto Zedillo ganaría los comicios, confrontaría a Carlos Salinas de Gortari tras el error de diciembre y la aprehensión de Raúl, el hermano incómodo de su antecesor. Por la PGR pasarían Jorge Madrazo y Antonio Lozano Gracia, quienes reencausarían las investigaciones de los magnicidios.

En mayo de 1999, la PGR descartó la versión del fuego cruzado pero la reapertura del caso derivó en indagatorias sobre los probables nexos de los cardenales de Guadalajara con el crimen organizado. Sandoval Íñiguez y Carpizo llevaron sus diferendos al terreno jurisdiccional, hasta que el entonces titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra el arzobispo de Guadalajara, José María Guardia, y el abogado José Antonio Ortega.

Al arranque del sexenio foxista hubo un vuelco dramático, cuando se cumplían ocho años del magnicidio de Guadalajara. El cura José Uribe, adscrito entonces a la parroquia de San José Tlahuapan, de la diócesis de Cuernavaca, por fax envió una carta —redactada en latín— al cardenal Sandoval Íñiguez, en la que daba cuenta de lo que escuchó de viva voz del obispo Luis Reynoso Cervantes. “El asesinato del cardenal Posadas Ocampo —habría dicho en junio de 1999— fue directo e intencional, de ninguna manera fue por confusión o por las circunstancias, sino por sicarios foráneos. Más aún, él conocía el nombre del mandante pero no podía hablar ni decírlo a Usted”.

Este testimonio más tarde quedaría desvirtuado por un libro escrito por el sobrino del obispo jurista quien participó activamente en el Grupo Interinstitucional que revisó la investigación hasta entonces realizada.

A lo largo de cinco lustros han corrido ríos de tinta sobre el caso Posadas. Además de algunas reconstrucciones periodísticas, Sandoval Íñiguez y Carpizo ofrecieron sus versiones de los hechos. En medio, el exsecretario de Gobernación, Patrocinio González-Blanco Garrido, publicó un desplegado contra el abogado al que calificó como un mentiroso y un “represor que empieza a salir del clóset”.

Carpizo falleció hace seis años. Gerónimo Prigione, en mayo del 2016. En los años de la polémica, Carlos Aguiar Retes era obispo de Texcoco y secretario general de la Conferencia del Episcopado. En la PGR, la coordinadora general de investigación, Maricela Morales Ibáñez, sacó de reserva la averiguación previa del caso Posadas, cuyas primeras pesquisas estuvieron a cargo de Ismael Eslava, quien actualmente es el primer visitador de la CNDH.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo fungió como jefe de la V Región Militar con sede en Guadalajara, en aquellas semanas. Las primeras pesquisas estuvieron a cargo del almirante Wilfrido Robledo, quien mantuvo una prolífica —y polémica— carrera en los aparatos de seguridad del Estado mexicano.

Rodolfo el Chino León Aragón ahora es alcalde priista de Salina Cruz, Oaxaca. El testimonio de Humberto la Rana Rodríguez Bañuelos —uno de los sicarios que participó en el ataque— lo ubicó esa infausta tarde de hace 25 años en el aeropuerto de Guadalajara… junto con el Chapo Guzmán. La Rana también intentaría asesinar al Mayo Zambada en junio de 1994 y atentaría contra el procurador de Jalisco, Leobardo Larios, en mayo de 1995.

Otras líneas de investigaciones, que no fueran la relación de los hermanos Arellano Félix en el caso Posadas, quedaron rezagadas. Allí está la versión atribuida por Sandoval Íñiguez a “algunos operadores cercanos a Carlo Salinas de Gortari”, quienes buscaron su intermediación para presentarle una tesis al Papa, “en el sentido de que quien ordenó el homicidio del arzobispo de Guadalajara fue la masonería, por conducto de Fernando Gutiérrez Barrios”. El político veracruzano falleció en el año 2000.

Diego Valadés, Humberto Benítez Treviño y Antonio Lozano estuvieron al frente de la PGR. Y siempre al lado de Carpizo, el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

EFECTOS SECUNDARIOS

INDECOROSAS. Autonombrado “el rival a vencer” en la contienda por la Jefatura de Gobierno, el abanderado priista Mikel Arriola emplazó a la candidata frentista, Alejandra Barrales, a retirarse de la campaña. Pero ni las encuestas ni los debates ni el recorrido a ras de tierra sustentarían tal despropósito. ¿Ejemplos? Hace un par de semanas, Arriola acudió a una reunión con vecinos del conjunto habitacional La Toscana, en Bosques de las Lomas, quienes buscan evitar la construcción de un edificio que cuenta con los permisos, pero candidato y vecinos quieren echarlo para abajo.