No hay cifras que prueben que el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado haya reducido la violencia, garantizado la seguridad o mejorado la aplicación de la ley. Las cifras son contundentes en el sentido contrario: la violencia se disparó desde que las fuerzas armadas fueron traídas al combate contra el … Continued
No hay cifras que prueben que el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado haya reducido la violencia, garantizado la seguridad o mejorado la aplicación de la ley.
Las cifras son contundentes en el sentido contrario: la violencia se disparó desde que las fuerzas armadas fueron traídas al combate contra el crimen.
La inseguridad ha crecido, lo mismo que las quejas contra las fuerzas armadas por violación de derechos humanos.
Antes del despliegue militar que comenzó en 2006, el promedio de quejas contra las fuerzas armadas era de 190 por año y recibían dos recomendaciones anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En la última década, las fuerzas armadas producen más de mil quejas por año y reciben 14 recomendaciones anuales de la misma CNDH.
Entre 2012 y 2016, la PGR inició más de 500 investigaciones contra soldados por delitos contra civiles.
Antes de la entrada de las fuerzas armadas a la guerra contra el crimen en 2007, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en México era de siete. Hoy es superior a los 20 por cada 100 mil habitantes. 2017 será el año más sangriento de la última década.
La medición académica ha logrado mostrar, mediante cuidadosas elaboraciones estadísticas, el efecto multiplicador de la violencia que producen los operativos policiacos y militares sobre ciudades y regiones intervenidas.
Laura Atuesta, del CIDE, hizo una reconstrucción econométrica del aumento de los homicidios en municipios donde hubo operativos policiacos o militares contra el narco o el crimen organizado.
“Los resultados son contundentes”, reporta. “El número de homicidios a nivel municipal sí se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre fuerzas públicas y presuntos delincuentes en la ‘guerra contra las drogas’. Un enfrentamiento adicional en un municipio promedio incrementa la violencia en 6% en un periodo de tres meses y en 2% en un periodo de un año. Si el enfrentamiento tuvo participación de las fuerzas armadas, el efecto se incrementa a 8%, y si tuvo participación específicamente de la Sedena, el número de homicidios a nivel municipal se incrementa en 9%” (Laura Atuesta: “Las cuentas de la militarización” https://www.nexos.com.mx/?p=31552).
Digámoslo con claridad: la intervención de las fuerzas armadas en la guerra contra el crimen hasta ahora no ha reducido, sino multiplicado la violencia.
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