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Entre los múltiples mensajes emitidos por Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta quedó cifrada su propuesta para atender el problema de la migración. Para frenar el flujo de indocumentados a Estados Unidos —Trump dixit— se erigirá un muro a lo largo de la frontera. El nuevo presidente de México habló de “cortinas de desarrollo”, que no serían otra cosa que las megaobras en el sureste, en las que se emplearía mano de obra centroamericana.

El Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el tren transístmico y la plantación de 1 millón de árboles serían las primeras cortinas. Las obras de infraestructura en el centro del país —entre ellas, los aeropuertos en la periferia de la CDMX— serían la segunda. Y la zona franca en la región fronteriza con EU, la tercera.

La vorágine de las primeras dos semanas de la Cuarta Transformación dejó en segundo plano una de las propuestas fundamentales del nuevo gobierno, cuya implementación quedó bajo la responsabilidad de Marcelo Ebrard Casaubón y Mike Pence, del lado estadounidense.

Las negociaciones entre ambas partes avanzaban con paso firme… hasta que Trump acotó —luego de su videoconferencia con AMLO— que México pagará por el muro, ya sea directamente o vía aranceles.

Los dignatarios coinciden en su preocupación por el fenómeno migratorio sin que las posturas livianas —como la de la ministra Olga Sánchez Cordero— hagan mella en el plan para consolidar el acuerdo de inversión de proyectos productivos, generación de empleos y seguridad migratoria que AMLO construyó con sus homólogos centroamericanos que en el arranque tendría una bolsa de 5,000 millones de pesos, provenientes de las arcas federales.

AMLO evita hablar del muro o entrar en una confrontación directa con Trump, quien lo emplazó a una reunión bilateral en Washington DC que quedaría supeditada a la firma del acuerdo de inversión. “Él me invitó. Yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros, tiene que haber un motivo. Y yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito”, condicionó el presidente mexicano.

Los detalles esenciales de esta propuesta fueron revelados por Los Angeles Times el pasado martes 11, en una nota que retomaba la presentación de Ebrard Casaubón en la conferencia sobre migración global celebrada en Marruecos. Este acuerdo se extendería hasta el 2024 y abarcaría los proyectos en el sur de México que emplearían mano de obra proveniente de Honduras, Guatemala y El Salvador, las tres naciones centroamericanas de las que han salido las caravanas migrantes.

La propuesta, definió Ebrard a LA Times, busca reducir la pobreza —causa principal de la migración— y así cortar un incentivo para que las personas abandonen sus países de origen.

México espera “competir de manera exitosa con la narrativa que se está imponiendo en gran parte del mundo, incluso en las Américas, de que la mejor manera de enfrentar la migración es excluirla y controlarla”, dijo Ebrard en Marruecos, donde concretó los detalles del acuerdo que sería presentado este fin de semana, con sus contrapartes centroamericanos. Antes, el canciller mexicano había presentado su propuesta a Pompeo y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

¿La gran incógnita? Si la administración Trump financia esta iniciativa del gobierno mexicano, que surge justo cuando aumenta la presión sobre México para que tome acciones más enérgicas para frenar a los migrantes, los 5,000 centroamericanos que han quedado varados en Tijuana tendrán que realizar sus trámites para solicitar asilo en aquella urbe bajacaliforniana. Ese plan de la administración de Trump, conocido como “Permanecer en México”, ha sido severamente cuestionado por ONG defensoras de los derechos humanos en ambos lados del Río Bravo.

El nuevo programa de desarrollo no parece abordar el problema de la delincuencia en América Central, otro factor importante para empujar a los migrantes hacia el norte. Y no estaba claro qué ocurriría si se previeran medidas de protección anticorrupción, si se enviara ayuda adicional a Centroamérica, donde el injerto ha sido un gran problema durante mucho tiempo.

La política migratoria está en redefinición, en ambos lados del Río Bravo. El pasado miércoles, 68 exjueces estatales y federales remitieron una carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para advertir que sus agentes deben abstenerse de realizar arrestos o realizar otras actividades de cumplimiento de la ley en los juzgados estadounidenses.

EFECTOS SECUNDARIOS

PREPARATIVOS. A la medianoche comenzó el sexenio de Martha Érika Alonso como gobernadora de Puebla. En la víspera, el líder del Congreso local, José Juan Espinoza, la emplazó a presentarse a rendir protesta ante el pleno, dominado por Morena. Pero será justo con el primer minuto de este viernes 14 que Tony Gali Fayad entregue la estafeta a la abanderada aliancista, quien tendrá como testigo de honor al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, según el oficio girado por el secretario de Gobierno saliente, Diódoro Carrasco. “No hay condiciones, (los diputados locales) están en huelga”, explicó Alonso. Al mediodía, acompañada por su esposo el exgobernador Rafael Moreno-Valle y acuerpada por los dirigentes del PAN, del PRD y del MC, Alonso acudirá al Auditorio de la Reforma para emitir un mensaje político. Pero ya no será la sede legislativa, sino las calles que tomarán los manifestantes morenistas. El nuevo secretario de Gobierno será el exvocero calderonista, Maximiliano Cortázar.