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Los jueces no son jueces: fueron electos por tómbola y acordeón. Los maestros no son evaluados; el huachicol carretero deja pérdidas por tres mil 800 millones de pesos, y el huachicol de combustible hace ganar 177 mil millones. Es la trampa como sistema.

La evasión del pago de cuotas en casetas de peaje (que patentó López Obrador con “el movimiento”, antes de ganar la presidencia) genera pérdidas anuales de tres mil 800 millones de pesos: le llaman “huachicol carretero”.

Y la entrada de gasolina y diésel del extranjero, haciéndolo pasar como aceite para no pagar IEPS (que patentó López Obrador en su presidencia) es un negocio ilícito de 177 mil millones de pesos al año: le llaman “huachicol fiscal”.

Las 14 empresas concesionarias de autopistas más importantes en el país (agrupadas en la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial) revelaron las dos formas en que les roban:

Una.- Toma de casetas de peaje por “grupos sociales” que permiten el paso libre de automovilistas, tal cual hacía Morena con cualquier pretexto, desde la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, hasta para exigir libertad de presos palestinos en Gaza.

Dos.- Cuando los automovilistas sencillamente levantan la pluma para usar la carretera sin pagar, tal cual hacía el hoy senador morenista Fernández Noroña, orinando en la calle para no pagar un peso en el baño de las gasolinerías.

Sin embargo, el del huachicol fiscal es el mayor escándalo de corrupción en la historia de México, con un ingrediente gravísimo: involucró a altos mandos de la Secretaría de Marina, durante el gobierno de López Obrador.

Pero va más allá de las pérdidas económicas: es un asunto de seguridad nacional, porque México vive una ola de muertes, que envuelve a jefes militares y empresarios, como respuesta a los decomisos de millones de litros de combustible de contrabando.

Entre las muertes más recientes figuran las del capitán Jeremías Pérez Ramírez (se suicidó tras revelarse que habría recibido sobornos por 100 mil pesos) y la del marino Omar del Ángel Zúñiga, quien apareció muerto.

También fue liquidado el capitán Rubén Guerrero, luego de denunciar la imposición de mandos en aduanas ligados a los hijos políticos del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina con López Obrador.

Otro muerto es el empresario gasolinero Ángel Arnoldo Ramírez, vinculado con el decomiso en Altamira, Tamaulipas, y cuya dirección fiscal era la misma del llamado Rey del Huachicol, el también asesinado Sergio Carmona.

Más aún: la causa penal 325/2025 de la FGR, indica que los sobrinos de secretario de Marina de López Obrador (vicealmirantes Manuel y Rafael Farías Laguna) metieron en el AIFA empresas vinculadas a la trama de huachicol y les dieron contratos millonarios.

Es el régimen de la trampa.