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Hay una obra de infraestructura a la que el gobierno federal le está echando los kilos. Se le nota al tren México-Toluca, el cual tiene toda la presión política de quedar listo lo antes posible.

Podrían ser dos opciones: que la administración del presidente Peña Nieto tenga el más legítimo interés en que los ciudadanos puedan, rápidamente, usar este medio de transporte, que tanta falta hace, o la segunda puede ser que pretendan tener lista la obra de relumbrón para las elecciones en el Estado de México. Usted elija la opción.

Debe ser enorme la presión política del actual gobierno que ve cómo baja su popularidad entre los ciudadanos al tiempo que tiene la obligación de recortar los gastos, con elecciones tan importantes a la vuelta de la esquina.

Esta es precisamente una de las preocupaciones que tienen no pocos analistas internacionales respecto al proceso de corrección presupuestal que tiene que hacer el gobierno federal.

El sobreendeudamiento de las finanzas públicas debería estar en un proceso correctivo que evite, entre otras cosas, que México pierda sus calificaciones crediticias actuales. Pero al mismo tiempo esto es un lastre para aquellos que saben que en el gasto público está su posibilidad de mantenerse en el poder.

El desequilibrio de las cuentas públicas en los niveles actuales ha sido responsabilidad del actual gobierno. No hay margen para culpar a los gobiernos anteriores ni para seguir con aquello de que todo tiene que ver con la crisis que llegó del exterior.

Hasta ahora lo que hay es un plan para iniciar la corrección de esos desequilibrios. No endeudarse más, empezar a gastar con más apego a los ingresos y trazar en los años por venir un camino de regreso a la disciplina perdida. ¡Pero se atraviesan las elecciones!

La duda razonable y fundada de los expertos en los mercados es si la clase política será capaz de cumplir con lo que prometen o si sucumbirán ante la tentación de soltar la cartera para influir en las elecciones que vienen el resto del sexenio, incluidas la del Estado de México y las federales del 2018.

Da mucha confianza que en la Secretaría de Hacienda despachen funcionarios responsables, pero en la línea de mando tienen hacia arriba quien puede disponer de la chequera del gasto público.

Es un hecho que quien sea que encabece la próxima administración tendrá que componer el desorden financiero actual, no hay duda de que serán varios años de austeridad presupuestal.

Y más cuando en el mundo el panorama pinta tan complejo como lo que habrá de ocurrir exactamente dentro de un mes: Donald Trump será presidente de Estados Unidos.

Lo que está en la balanza es el grado de responsabilidad de las autoridades actuales con la recomposición de las finanzas públicas. Esa es la duda financiera que tiene el mundo respecto a México en los años por venir.

Por lo pronto, el hecho de que haya especial atención al manejo del gasto por parte de las firmas calificadoras y los analistas nos anticipa que quizá nos podemos enterar de un gasto discrecional a través de una rebaja crediticia.