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El costo de las campañas políticas es el remolino de la democracia: jala todo al fondo y el fondo son unos candidatos que necesitan dinero, mucho más dinero del que tienen, para competir por el poder.

El mecanismo se ha llevado algunas de las gentes más respetadas del mundo. Ha sido también el resumidero de otras, menos inesperadas. Helmut Kohl cayó del poder en Alemania por facilitar traslados de dineros públicos a su partido. Collor de Mello cayó en Brasil por lo mismo.

La gigantesca cantidad de dinero suelto del que no se rinden cuentas en la política mexicana ha tenido un efecto directo no solo sobre el tamaño de la corrupción, sino sobre el costo de la competencia democrática y sobre los dineros ilegales que fluyen a ella.

En un artículo que no me canso de citar en esta columna porque no me canso de sorprenderme del tamaño del problema que nos muestra, Luis Carlos Ugalde explicó por qué nuestra democracia multiplicó nuestra corrupción. (Nexos.com)

Según Ugalde, que ha dedicado años de investigación al tema, nuestras elecciones cuestan entre una y tres veces más de lo que indica la ley. Fluyen a ellas recursos ilícitos en cantidades tan altas que convierten la competencia democrática en una cierta forma de subasta electoral.

No gana siempre el que tiene más dinero ilícito, pero es imposible que gane quien no lo tiene. Lo descubren estos días en su salida al ring los candidatos independientes que pisan el terreno por primera vez.

Invertir mucho en ganar unas elecciones tiene sentido porque es buen negocio, por la sencilla razón de que el ganador encontrará al sentarse en su silla una enorme cantidad de dinero público sin vigilancia con el cual reponerse.

Es en gran medida el dinero suelto que va quedando en manos de autoridades y políticos de la enorme transferencia de recursos que hace la Federación a gobiernos, clientelas y partidos.

La subasta tiene premio y va convirtiendo nuestra democracia en una variante aparatosa pero no muy distinta de un piso de remates.