Desde octubre, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum al ajustar la fallida política de seguridad del sexenio lopezobradorista e iniciar enérgica lucha contra las bandas del crimen organizado descubrió la realidad: los cárteles son la peor amenaza a la soberanía nacional
Ni la más espesa cortina de humo que tienda el Gobierno de la República puede ocultar la brutal realidad del legado recibido: el fracaso del Estado para cumplir con la elemental obligación de proteger las vidas y bienes de los gobernados.
Desde octubre, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum al ajustar la fallida política de seguridad del sexenio lopezobradorista e iniciar enérgica lucha contra las bandas del crimen organizado descubrió la realidad: los cárteles son la peor amenaza a la soberanía nacional.
Y, quizá, sólo quizá, pese a la delirante y ofensiva retórica de Washington, para combatir esa amenaza a la soberanía nacional, el Gobierno de la República al tiempo que rechaza inaceptables injerencias intervencionistas, podría lograr de Washington un acuerdo de colaboración, una versión actual de “la iniciativa Mérida” que empiece a eliminar la amenaza de los cárteles a la soberanía nacional.
Nueva ley de amparo daña a los más vulnerables
Embebidos muchos de los juristas más lúcidos de México en el debate por la Reforma Judicial, con que se demuele todo el sistema de justicia de la República, parece que no advirtieron lo suficiente a los legisladores del daño que causaría la ley de amparo que aprobaron obsecuentemente.
Explican abogados litigantes que, antes de esa reforma, cuando se concedía un amparo definitivo, tenía efectos favorables a cualquiera que tuviera el mismo problema que resolvía el amparo, sin tener que acudir al tribunal.
El punto es que al eliminar el beneficio del amparo definitivo a todos y no sólo al demandante, los legisladores de la mayoría morenista, olvidaron aquello de primero los pobres y aprobaron una reforma la ley de amparo que, en estricto rigor, beneficia sólo a los que tengan dinero.
La STPS no protege a jornaleros
Han redescubierto informaciones periodísticas que persiste en San Quintín, Baja California, la explotación de los jornaleros agrícolas que hace una década conmocionó a la opinión pública nacional.
En 2015, hubo enérgicas denuncias de “la revolución de las conciencias” que se gestaba en el Partido Morena fundado tres años antes, pero que, a juzgar por las recientes denuncias, nadie se ocupó de atender los problemas de los jornaleros.
Quizá en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social podrían explicar cómo es que en los casi siete años que tiene Morena en el poder no se ha dado el tiempo para atender un grave problema social que tanto les preocupaba hace diez años.
NOTAS EN REMOLINO
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, no puede soslayar la violencia de los grupos criminales que atacaron y mataron a dos guardias nacionales e hirieron a otros dos… Dicen los que saben que la mayoría de las medidas anunciadas por Palacio Nacional para prevenir y atender el problema de las desapariciones en realidad son la restitución de programas, instituciones y medidas que fueron desmanteladas el pasado sexenio… El tiempo dirá si tuvieron razón siempre los que atribuyeron el patrocinio de la lucha para eliminar las corridas de toros a poderosos intereses que tienen proyectado construir un gran centro comercial en la zona… Bien dijo Umberto Eco: “cuanto entra en juego la posesión de los bienes terrenales es difícil que los hombres razonen con justicia” …
Minuto a minuto
