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La buena noticia para Vector, CIBanco e Intercam es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió una prórroga de 45 días para aplicarles medidas correctivas, por sus actividades riesgosas. La mala noticia es que la intervención gerencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no cesará. Todo lo contrario.

La ampliación del plazo es mérito de las autoridades hacendarias mexicanas, que rápidamente superaron las pifias iniciales y se encaminaron en la ruta de la contención y la colaboración del enemigo común: los cárteles de la droga.

El riesgo de una corrida bancaria se disipó rápidamente y ahora, las operaciones cotidianas de las instituciones financieras están sujetas a un rígido escrutinio. Igual, los reportes externos sobre sus estados financieros. El trío intervenido fue auditado por KPMG.

El área fiduciaria de CIBanco es todo un trabuco y la intervención gubernamental podría culminar con otra operación de gran calado: el traspaso de esos recursos, a Nafin.

De las reacciones iniciales, a ostracismo. Aunque la casa de bolsa regiomontana ha quedado más expuesta, mediáticamente hablando, las instituciones bancarias ahora mismo enfrentan una crisis reputacional… y un cúmulo de denuncias por prácticas lesivas a los intereses de sus clientes.

Autopréstamos sin garantías, triangulación con empresas fachada y doble contabilidad… Denuncias que exponen un fraude sistémico, sofisticado y silencioso que involucra a otros intermediarios financieros, como Sacbepayment y FINSUS, pero también a algunos de los Siete Grandes.

¿Hechos aislados o un robo quirúrgico? Las evidencias más contundentes apuntan a una estructura donde los accionistas se prestaban cientos o miles de millones de pesos sin garantías, sin reportes contables y sin intención de reembolso. Y a la intermediación de empresas fachada, vehículos para simular operaciones cambiarias y ocultar autopréstamos.

Cheques sin fondos, cuentas puente y bancos aliados que a sabiendas de la verdadera procedencia de los recursos —que los propietarios reales no existían y que la empresa era una fachada— ejecutaban las transferencias para cubrir pasivos generados por los accionistas con operaciones cambiarias, todo con apariencia legítima.

El secreto bancario obliga a preservar los nombres de los involucrados y los números de cuenta de los ejemplos que han documentado los quejosos, afectados por estas redes que operaban con CIBanco, Intercam y FINUS Financiera Sustentable, entre otros.

En el centro de la trama —denuncian— está Servicios Electrónicos de Mercadotecnia Directa. En CIBanco, detallan, funcionaba un área especial —denominada Cartera Dinámica Internacional— para llevar una contabilidad paralela y encubrir movimientos no registrados, que operaba con conocimiento de varios directivos.

Este modus operandi no es nuevo. Los dueños de CIBanco fueron antes controladores de IXE Banco, beneficiado del rescate del Fobaproa.

Hoy, la historia se repite con otra fachada, pero la misma lógica. La operación representa un riesgo sistémico, tanto para ahorradores nacionales como internacionales. Mientras los recursos se dispersan mediante empresas en España y estructuras offshore, las autoridades no han actuado.