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La reforma electoral enviada por la presidenta no es una discusión técnica más. Es la primera gran prueba interna de la coalición gobernante.

No conocemos todavía todos los detalles del texto final ni los términos exactos de negociación entre Morena, PT y Partido Verde. Pero sí sabemos algo: la reforma generó un conflicto real dentro de la alianza.

Y eso es políticamente relevante.

El proyecto no nació ayer. Es una propuesta que viene desde la época de López Obrador: reducir el costo de la democracia, modificar reglas de representación y ajustar el sistema electoral. Sin embargo, ahora lleva la firma de Claudia Sheinbaum.

Eso cambia la lectura.

Morena no tiene mayoría calificada por sí sola. Necesita a sus aliados. Y ahí surgió la fricción. Tras múltiples reuniones, el PT y el Verde no acompañaron la propuesta.

¿Por qué?

Porque varios puntos de la reforma afectan directamente su supervivencia política: reducción de financiamiento, ajustes en representación proporcional y posibles cambios en la sobrerrepresentación de coaliciones.

Para partidos medianos o pequeños, eso no es ideología: es futuro.

La presidenta tenía una opción: enviar una versión descafeinada para mantener la unidad. No lo hizo. Decidió enviar la reforma aun sabiendo que no tenía los votos garantizados.

Eso es una decisión estratégica.

El mensaje no iba dirigido al PAN ni al PRI. Iba dirigido a sus propios aliados: si no la aprueban, estarán defendiendo privilegios.

Es la primera vez que desde el poder se les coloca públicamente en esa posición.

¿Estamos ante el primer cisma dentro de la 4T?

Es temprano para hablar de ruptura, pero sí estamos ante una tensión inédita. En 2024, PT y Verde obtuvieron candidaturas y distritos competitivos que les permitieron construir bancadas importantes. Si en 2027 no reciben condiciones similares, su incentivo para mantener la misma cohesión disminuye.

Y eso importa.

Porque sin PT y Verde, Morena difícilmente alcanzaría mayoría calificada en la siguiente legislatura.

En el plano técnico, la reforma tiene luces y sombras. Hay propuestas interesantes: fortalecimiento de fiscalización, uso de tecnología, ajustes en voto en el extranjero.

Pero también hay riesgos operativos, como la complejidad de nuevas boletas con listas extensas de nombres. Un votante frente a decenas de opciones puede terminar votando guiado por “acordeones” más que por evaluación individual.

El punto más delicado es la sobrerrepresentación. En 2024, el margen permitido permitió a la coalición alcanzar mayoría calificada. Si la fórmula cambia, el equilibrio legislativo futuro se altera.

Eso es lo que realmente está en juego.

La narrativa de reducir el costo de la democracia conecta con la ciudadanía. La gente percibe que hay demasiados diputados y demasiados recursos destinados a la política. Cualquier propuesta que reduzca gasto será popular.

Pero reducir no siempre significa mejorar.

El debate real no es sólo cuánto cuesta la democracia, sino cómo garantizar representación efectiva sin distorsionar mayorías.

Más allá del contenido, esta reforma revela algo mayor: la 4T también enfrenta tensiones internas. Las coaliciones no se rompen de golpe; se desgastan.

Estamos entrando en un año previo a la intermedia. Las reglas electorales siempre son también reglas de poder.

La pregunta no es sólo si la reforma se aprobará.

La pregunta es qué costo político tendrá para la cohesión de la alianza gobernante.

Y esa respuesta empezará a construirse ahora.