Un gobierno prudente y conciliador tomaría la propuesta del ministro. Pero no tenemos ese gobierno
El debate sobre la reforma judicial alcanzó su punto analítico más alto con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara difundido el lunes, para iniciar su discusión el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte.
(Muy tarde y mal día, pues es la elección de EU).
La ponencia tiene 366 páginas, pero fue contestada de inmediato por el líder morenista de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con una tirada descalificatoria. O lee muy rápido el diputado Monreal o sigue la escuela de su bancada de no leer.
Monreal nos pone a elegir entre su autoridad jurídica y la del ministro González Alcántara. Sale mal librado. Monreal tiene la fuerza política para imponer su punto de vista, pero no la solvencia jurídica para sustentarlo. La fuerza, pero no la razón
Dice Monreal:
El proyecto del ministro González Alcántara raya en la barbaridad constitucional. Este capricho no logrará detener el avance de la transformación del Poder Judicial [ . . .] para acabar con los abusos y excesos de quienes imparten la justicia en México.
Dice González Alcántara, punto 194 de su ponencia:
El órgano reformador [ . . .] encuentra su fundamento y fin en la propia Constitución, no es un órgano de omnipotencia decisoria [ . . .] Considerar lo anterior sería trasladar la voluntad de la soberanía popular a una lógica electoral, y permitir sin límites la erosión de nuestro pacto social.
El ministro propone, con sólido sustento jurídico, un punto medio que podría aliviar la crisis constitucional en que está México.
Concede que se elijan los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, porque, en esencia, estos nombramientos tienen su origen en una negociación política entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los partidos. Tienen un fundamento político, ajeno a la carrera judicial.
Rechaza, en cambio, la elección de los jueces y los magistrados de los poderes judiciales federal y locales, porque estas posiciones están garantizadas en su inamovilidad por la Constitución y porque tienen su origen en la solidez de la carrera judicial: no pueden surgir sino de ella.
Un gobierno prudente y conciliador tomaría la propuesta del ministro. Pero no tenemos ese gobierno.
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