El régimen desoyó las advertencias de no terminar con la independencia judicial y está en la antesala de hacer lo mismo con los organismos autónomos, y eso lo van a cobrar caro los mercados
Con lo que hemos visto hasta ahora en la nueva Legislatura con la aplanadora oficialista tenemos más que suficiente para adelantar que el 2025 será un año de complicaciones económicas.
Si eventualmente la economía cae en una recesión el próximo año no será solamente responsabilidad de la aprobación de la contrarreforma al Poder Judicial, pero sí pesará mucho la señal de desconfianza que manda una mayoría capaz de lo que sea para cumplir una vendetta personal del Presidente.
Lo que se pierde es la confianza, porque ya quedó claro que con esa mayoría pueden hacer lo que sea y hoy, a 18 días de que Andrés Manuel López Obrador deje el poder formal, el constitucional, no hay certezas de que realmente su rancho esté tan lejano de Palacio Nacional.
Puede “el poder” decidir que necesita más recursos y entonces mandar hacer una reforma constitucional que le dé acceso a los recursos del ahorro para el retiro de los trabajadores o bien a las reservas internacionales del Banco de México. Ambas ideas ya fueron en su momento planteadas por la 4T.
Hoy ya no hay esperanzas creíbles de que pueda caber un poco de cordura a partir de octubre en la presidencia de México y que no puedan surgir las iniciativas de ley más aberrantes que se tenga la capacidad de imaginar.
Pero aun si no hubiera sorpresas adicionales a las que ya dejó como herencia López Obrador, hay al menos una que también tendrá un impacto directo en la certeza jurídica de las inversiones en México.
La desaparición de los organismos autónomos no puede tener otra motivación que los deseos autocráticos del Presidente, de éste que dice que ya se va. La iniciativa de cambio constitucional ya está en el Congreso a la espera de iniciar su recorrido legislativo.
Para la clientela de López Obrador su palabra es más que suficiente, para los inversionistas lo que cuenta son los datos y éstos dicen que la desaparición de los organismos autónomos viola, entre otras cosas, el acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC.
El régimen desoyó las advertencias de no terminar con la independencia judicial y está en la antesala de hacer lo mismo con los organismos autónomos, y eso lo van a cobrar caro los mercados.
La economía ya está en un proceso de desaceleración porque este año López Obrador gastó muy mal con fines electorales y la segunda mitad del año va en picada. El cambio sexenal siempre frena la economía y la desconfianza hará el resto durante el 2025.
No hay que olvidar que otra de las herencias de López Obrador a la siguiente administración será un enorme déficit fiscal y una deuda más abultada que tendrá que ser atendida con más ingresos o menos gasto si no se quiere agravar el desequilibrio de las cuentas públicas.
En fin, que la destrucción de los órganos autónomos es otra contrarreforma en tránsito legislativo en esta nueva puerta abierta a cualquier deseo desde el máximo poder.
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