La promesa de no subir impuestos, ¿por escrito?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hasta el cansancio que no buscaría la reelección en la Presidencia de la República, tal como lo mandata la Constitución. Sin embargo, tuvo que firmar un documento ante los medios de comunicación y en la transmisión en vivo de su conferencia de prensa mañanera para refrendar ese compromiso.

Con todo y todo, hay muchos que todavía tienen dudas razonables de que ese canto de las sirenas no endulzará los oídos del tabasqueño para mantenerse al frente de la 4T. Como sea, algún día dio su palabra de que a él lo debieron dar por muerto en la contienda presidencial… y ahí está.

Si la estrategia de la firma de la no reelección fue en un afán de impulsar la modificación constitucional para la revocación del mandato y las consultas populares, puede sin duda jalar la atención hacia este tema para tratar de romper el bloque opositor en el Senado y pasar esa iniciativa.

Ya dependerá de los senadores de oposición si dejan pasar esa modificación, cuyo peligro menor es justamente la reelección. Implica permitir al presidente estar presente en la votación intermedia y poner en manos de los electores inexpertos temas de gran trascendencia y alta complejidad técnica.

Pero, por lo pronto, el presidente ha dejado en claro que cualquier cosa que haya dicho previamente, o que esté contemplado en las leyes de este país, no será válida si no se acompaña de una carta firmada en público por el propio jefe del Ejecutivo.

Debería firmar, por ejemplo, que dentro de menos de tres años todas las gasolinas que se consuman en México serán producidas en territorio nacional, a precios más bajos que los actuales y que muchos de estos combustibles vendrán de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Debería plasmar su rúbrica en un documento que garantice que en igual plazo se resolverá el problema de la saturación del aeropuerto de Ciudad de México, con el funcionamiento pleno en ese momento de las dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

Pero también habrá que exigir que lo antes posible firme un compromiso de lo que ha repetido también hasta el cansancio: que no aumentará los impuestos.

Porque lo que se ve venir es una economía que no crecerá lo suficiente, con presiones de gasto en aumento por los programas sociales asistencialistas con padrones más amplios de lo esperado y con proyectos de infraestructura, refinerías, aeropuerto, Tren Maya, que requerirán de flujos constantes y crecientes de recursos.

Si también quiere cumplir con su dicho reiterado de no desequilibrar las finanzas públicas con más deuda, requerirá necesariamente de modificaciones tributarias. Sobre todo, porque otra promesa insistente es que el gobierno federal dejará de exprimir fiscalmente a Pemex.

Y vaya que le hace falta una reforma fiscal a la economía mexicana, pero es ahí donde entra el verdadero peligro de lo que hoy se discute en el Senado.

Si se somete a consulta del pueblo bueno a quién hay que cobrar más impuestos, si a todos en proporción a su consumo o a los machuchones, fifís y neoliberales, para que soporten fiscalmente a la 4T, conocemos la respuesta. Y si la consulta es una disposición constitucional, será vinculante.

Claro que habrá un daño fiscal para los contribuyentes de siempre, pero que no quepa duda que implicará un freno a las inversiones y con ello a las posibilidades de crecimiento.