La diferencia estará en si actúa como jefa del Estado Mexicano o cabeza de su partido, protegiendo a los suyos propios y a las herencias malditas
Esta semana, Estados Unidos soltó una bomba en nuestro país. No de esas que Trump insiste en querer lanzar sino una incómoda para México. Una bomba judicial, diplomática y política, lanzada desde Nueva York y dirigida al corazón de Sinaloa.
No cayó en la sierra, sino en pleno Palacio de Gobierno, en forma de una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, un senador de Morena, y otros funcionarios y mandos de seguridad, señalados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
Nada menos que fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina, armas, además de protección política y el señalamiento de que la facción de Los Chapitos habría apoyado la llegada de Rocha al poder en 2021. Nomás.
No hay sentencia firme, hay que decirlo. No hay juicio concluido, no hay condena, no hay una culpabilidad comprobada. Pero es un señalamiento directo en contra de un gobernador en funciones que ha sido señalado de cultivar amistades peligrosas y que llegó al cargo arropado por Morena y por YSQ. Por eso el golpe no solamente le pega a él, también salpica a quienes lo llevaron ahí.
La onda expansiva afecta a la presidentA.
El miércoles, de manera inusual, terminó apresuradamente la Mañanera. Sabía desde la tarde del día anterior lo que venía porque los americanos le notificaron a la Cancillería mexicana.
Se mostró sorprendida por la forma en que ocurrió, pero quizás no que sucediera porque esos temas estaban a la vista de quien quisiera verlos. Cercanos de Rocha Moya casi tenían derecho de picaporte, desde la campaña presidencial. Así que sorpresa, sorpresa, pues que no nos vengan con esa historia.
La Presidenta respondió como tenía que responder: institucionalmente. Que presenten pruebas pues México no va a actuar por dichos.
Tiene razón. Aquí también hay leyes e idealmente deberían respetarse.
La defensa va a traer un costo. Cuando la presidentA exige pruebas, también queda obligada a actuar si esas pruebas aparecen. Y ahí podría estar la “chicanada”.
Si Estados Unidos no manda algo sólido, el gobierno mexicano podrá decir que todo era puro golpeteo. Pero si presenta algo contundente, no puede hacerse de la vista gorda.
El problema ya no sería solamente de Rocha, sino del gobierno mexicano.
Rocha, por supuesto, dijo que él está limpio, que es falso, que es una calumnia e hizo lo que muchos hacen cuando el agua empieza a llegarles al cuello: repartió culpas y advirtió que, si él cae, muchos otros caerán con él.
La presidentA lleva semanas administrando una relación cada vez más tensa con Washington. Apenas hace unos días, un accidente fatal puso al descubierto que agentes de la CIA operan en México y no precisamente con conocimiento y aprobación del Gobierno Federal. A los americanos les basta un gobierno como el de Chihuahua.
Esos hechos ocurrieron en un momento en que el presidente Trump está ocupado con muchos temas a la vez, tiene “bigger fish to fry”,
Pero dejen que alguien le pregunte en conferencia, o que se le ocurra postear algo en redes de este caso y entonces sí… amárrense los cinturones.
La presidentA tiene que cuidar las formas. No puede pedir presunción de inocencia con un tono de blindaje político. Si las pruebas llegan, ese muro se caerá.
Si se deslinda demasiado pronto, se distanciará más aún de los duros de su partido. Si lo defiende demasiado, hará propio un expediente que no es suyo, pero que ya le cayó en el escritorio.
La diferencia estará en si actúa como jefa del Estado Mexicano o cabeza de su partido, protegiendo a los suyos propios y a las herencias malditas.
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