Creo que nadie ha hecho un esfuerzo académico más riguroso, y a contracorriente, sobre la realidad sanitaria, criminal y penal de la prohibición de la mariguana que Catalina Pérez Correa. En un estudio de 2014 (http://bit.ly/1kNIDRJ) reunió datos impresionantes que he citado varias veces en esta columna (3 de noviembre de 2015, julio de 2015, … Continued
Creo que nadie ha hecho un esfuerzo académico más riguroso, y a contracorriente, sobre la realidad sanitaria, criminal y penal de la prohibición de la mariguana que Catalina Pérez Correa.
En un estudio de 2014 (http://bit.ly/1kNIDRJ) reunió datos impresionantes que he citado varias veces en esta columna (3 de noviembre de 2015, julio de 2015, 10 de julio y 5 de noviembre de 2018), sobre miles de personas encarceladas como delincuentes menores por el delito menor de portar mariguana.
Pérez Correa está haciendo circular bajo los auspicios del CIDE, en coautoría con Andrés Ruiz, su informe más reciente en la materia: “Mariguana en México: el peso de la prohibición”.
Creo que no hay un documento más oportuno. El estudio es amplio, detallado y preciso en una materia esencialmente opaca, pues lo primero que impide la prohibición es tener un retrato claro del problema.
Es particularmente serio en los efectos punitivos de la prohibición sobre delincuentes menores. Creo que su conclusión no tiene desperdicio. Dice así:
México tiene una política de drogas basada en la represión para proteger la salud pública. Esta política se centra en poblaciones específicas: jóvenes (que son los consumidores o pequeños vendedores y que provienen principalmente de contextos marginados) y campesinos (quienes siembran y cosechan cannabis y amapola).
En nombre de la salud, el Estado mexicano detiene, procesa y encarcela a miles de personas anualmente; se destruyen plantíos en comunidades que viven en pobreza; se contaminan ríos y lagos y se despliega al Ejército (violentando abiertamente nuestro marco constitucional).
Diversos países en la región y en otras partes del mundo han transitado a políticas de drogas más proporcionales, incluyentes y basadas en evidencia. Han comenzado a hacer esto modificando el régimen regulatorio de la cannabis.
Estos cambios –en especial al norte de la frontera–, han tenido resultados positivos en esos países, pero también han acentuado los efectos negativos de la política prohibicionista en México. Frente a ellos, se vuelve aún más necesario formular una política de drogas menos represiva y menos violenta; más centrada en las personas y más efectiva en proteger la salud.
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