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Con las faldas bien puestas”, decidida “a tomar el toro por los cuernos” y a “dar la cara”, Rosario Robles confiaba en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la presunción de inocencia y la autonomía del Poder Judicial, pero se equivocó: desde ayer sufre la humillación de estar encarcelada pese a que el delito de que se le acusa “no es grave” (y en consecuencia tiene derecho a sortear su proceso en libertad).

La vejación de quedar cuando menos dos meses tras las rejas consiste en que, de resultar sentenciada culpable, su castigo podría ser mayor a 27 años de prisión. ¿Para qué un pilón previo?

Excitado ante la posibilidad de usar su Poder Judicial para sugerir al Ministerio Público explotar “la joyita” de perseguir a otro ex secretario de Estado, José Antonio Meade, y a la presa mayor, el ex presidente Enrique Peña Nieto, en el presunto saqueo del erario, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna hizo suya la falacia de la Fiscalía General de la República en un dato pueril: el supuesto “domicilio falso” de la señora, para sostener que “no tiene arraigo” en Ciudad de México y que podría esconderse y evadir su responsabilidad.

Con 11 dependencias gubernamentales y 18 universidades públicas implicadas en la llamada estafa maestra, ¿por qué solo ella y algunos de sus ex achichincles en Sedesol y Sedatu quedaron en la mira de “la justicia”, más allá de que todos los demás probables delincuentes, en caso de que así fuera, hayan robado menos?

Sorprendidos por la inesperada prisión preventiva, los abogados de la señora dicen que “el juez de Estado” actuó por consigna y que la ex secretaria es la primera “presa política” de la cuarta transformación. Sin embargo, su aseveración entraña una paradoja: Delgadillo ha dado muestra enérgica de independencia frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que el Presidente (y ayer también su prominente correligionaria Claudia Sheinbaum) se mostró contento por el encarcelamiento ya que, dijo (aunque todavía no hay juicio), debe acabarse con “la impunidad”.

El juez en cuestión es quien liberó a El Felipillo (hijo de El Ojos, del llamado cártel de Tláhuac), culpando al MP de armar el cargo, sin pruebas, de producción de drogas. López Obrador hizo el reproche público de “que un juez deje en libertad a un delincuente”, y el aludido respondió: “Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos”.

La dimensión del atropello del juez a la justicia lo ejemplifica su intercambio final de palabras con su víctima:

“Este ya no es momento para réplica”, atajó a la acusada cuando ésta quiso apelar.

“Hay constancia de que he vivido ahí durante 24 años…”, repuso ella.

“Pero es evidencia del Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el Combate a la Delincuencia). Es inteligencia de la Fiscalía, y a esa le debemos creer…”, remató el verdugo…

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