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Todos los días aparecen en las redes sociales las más recientes aplicaciones para intervenir las comunicaciones de los demás.

No acabamos de entender que si hoy no se cobran tarifas de larga distancia es porque ha cambiado el protocolo de comunicación de lo análogo a lo digital y que todo lo que tiene ese carácter binario simplemente es permanente, indeleble y de fácil acceso.

Puede usted por 13 pesos descargar una aplicación para espiar el teléfono inteligente de su pareja y saber con exactitud a quién le manda un whatsapp, a quién le publica un mensaje personal en su Facebook y a quién le marca y qué le dice.

Por eso, aquello del espionaje no es hoy un asunto que competa a los cuartos de la Gestapo alemana o a los sofisticados satélites de la CIA estadounidense, ni siquiera al espionaje político que tan famoso hizo al Cisen.

El espionaje a las comunicaciones de hoy ya no tiene que pasar ni siquiera por un RadioShack, simplemente por un jailbreak, una app, un hacker de mediano pelo y ya.

Cuente los escándalos de espionaje que hoy están vigentes como temas de opinión pública. El más relevante es el que involucra a la filial de la constructora española OHL, en donde los altos mandos de esa sucursal hablan de cualquier cantidad de torceduras a las leyes.

Súmele las grabaciones de Ricardo Monreal, candidato del partido Morena y cercanísimo a López Obrador, hablando de falsificar contratos para aumentar sus gastos de campaña sin que nadie se dé cuenta.

Agregue la llamada interceptada de un relajado Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, hablando como se platica en privado pero con alcance nacional.

Y agregue las finísimas llamadas del candidato a gobernador de Nuevo León conocido como El Bronco y su conversación marital.

Fraudes, cohechos, desprecios, corrupción y hasta pleitos de alcoba. Sí, todo eso y más. Pero antes que nada: violación a la privacidad de los ciudadanos, que en pleno ejercicio de sus libertades cogen un teléfono para tener una conversación privada.

Hay una exhibición de ilegalidades e inmoralidades que se tienen que castigar, como a OHL en la Bolsa por ejemplo, pero también hay impunidad en su filtración y en su divulgación.

La discusión no es nueva y se escuda en los temas de libertad de expresión, ¿pero en un Estado de Derecho, un medio de comunicación tiene derecho a divulgar una conversación obtenida de manera ilegal?

Si no hay un castigo a estos grandes escándalos del espionaje y, por el contrario, los tomamos como algo habitual y hasta divertido, otorgamos permiso para que a nosotros mismos nos espíen.

Y no sólo una esposa celosa, también los competidores en nuestra actividad económica pueden bajar la app que les permita meterse en nuestros sistemas y hacer lo que todo el mundo hace.

Porque hasta ahora no hay autoridad alguna que haya salido a dejar en claro que el espionaje es un delito que se esté investigando en estos casos emblemáticos. Y eso es también una carta blanca a una vertiente más de la impunidad que tanto nos pesa como país.