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Por lo que se ve, el gobierno que va de salida no pudo o no lo supo solucionar, ojalá y que el que viene se avoque a resolver un problema en crecimiento que afecta la economía de la población y daña las inversiones: la extorsión.

Según el artículo 390 del Código Penal, la extorsión es considerada como un delito de alto impacto que comete “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. El mismo Código establece que a quienes cometan delito de extorsión, ‘se les aplicarán penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 UMAS (108.57 pesos diarios) de multa. Las penas aumentarán hasta un tanto más si la extorsión se realiza por una asociación delictuosa, por un servidor público o exservidor público, miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas’.

Sirva la transcripción del artículo 390 del Código Penal, únicamente para enterar a las lectoras y los lectoras de la existencia de medidas punitivas demasiado laxas para este terrible delito, pese a lo cual no se garantiza su cumplimiento.

Reporteando a través del Internet para darle sustento a lo que manifesté en la introducción de este texto, me encontré con una iniciativa de reforma al mencionado artículo del Código Penal Federal, suscrita por el diputado de la LXV Legislatura, Otoniel García Montiel, del grupo parlamentario de Morena, presentada el 12 de septiembre del 2023, con el objetivo de ‘aumentar las sanciones al delito de extorsión, para erradicar la problemática que está afectando a nuestro país como es el derecho de piso y las llamadas telefónica para otorgar ‘protección en locales’, dejando en muchos casos libres a los presuntos culpables dado que pueden salir pagando fianza y puesto que las sanciones son muy bajas o dejan a discrecionalidad de los jueces la pena corporal’. En su argumentación el legislador García Montiel, afirma que ‘de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad (Envipe 2022) en México apenas 2.6% de los casos de extorsión generan una carpeta de investigación’.

Una organización de la Iniciativa Privada: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó el ‘Monitor de Seguridad’ –con base a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el que se comunica que en los primeros cuatro meses del año actual se registraron en el país 31 víctimas de las diferentes variantes de extorsión diariamente, lo cual representa que en México se comete 1.3 casos de extorsión por hora.

De acuerdo con el precitado ‘Monitor de Seguridad’, el top ten de las entidades federativas que registran las mayores tasas de extorsión por cada 100,000 habitantes son: Estado de México (22.9); Colima (22.8); Morelos (18.9); Guanajuato (17.3); y Nuevo León (15.3).

Los datos son alarmantes, es una necesidad prioritaria para Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, poner remedio a este mal que, en todas su modalidades, angustia a todas las franjas sociales.

Para erradicar el mal, se me ocurre que se podría llamar al general de división, Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, para que diseñe una estrategia mediante la cual los extorsionadores se extorsionen entre si y terminen exterminándose. Un ejemplo:

-Extorsionador 1.- (Por teléfono) Óyeme hijo de tu &%$@*, si no me depositas 300,000 pesos hoy mismo, mataré a tu abuelita.

-Extorsionador 2.- Marcaste mal &%$@* porque yo no tengo abuela, ni madre, así que nomás te vea te mato.

-Extorsionador 1.- Nos matamos &%$@*.

Punto final

Voy rumbo al banco, si sale todo bien saldré de todas mis deudas. Estoy tan nervioso que no puedo ponerme el pasamontañas.