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Al centenar de constituyentes que debatirán el proyecto de Constitución para Ciudad de México propuesto por el gobierno de Miguel Ángel Mancera le llegaron muy a tiempo recomendaciones clave sobre el fenómeno de la prostitución.

Más vale que las hayan leído para no aprobar atrocidades, porque en ellas se les recuerda que ningún Estado en el mundo permite la esclavitud.

Fueron elaboradas por la Comisión Unidos contra la Trata, la Universidad Autónoma y la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de México, así como la Coalición Internacional por la Abolición de la Prostitución, cuyos titulares las enviaron lo mismo al Senado que a la Cámara de Diputados.

De aprobar el reconocimiento de una ruindad como “trabajo”, motivarán una controversia constitucional a lo pendejo: la prostitución es inherente a la delincuencia organizada, ya que implica trata de personas con fines de explotación (obviamente sexual).

Entraña, por decirlo brevemente, la denigración de las personas, la violencia de género, y por tanto es un agravio demencial a sus derechos humanos.

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