La desaparición de poderes —insistió Lupita Covarrubias— no es lo ideal, pero es la única ruta posible ante la omisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo del asunto
A 23 días de las elecciones, Francisco Javier García Cabeza de Vaca estuvo en Tampico, uno de los bastiones del lopezobradorismo. Con la protección de la justicia federal y el fuero que le garantiza la actual Legislatura estatal, el gobernador panista cumplió con una gira para supervisar su legado para el vetusto puerto.
Un nuevo centro expositor, un mercado municipal totalmente remodelado y el nuevo Museo del Niño fueron las obras de infraestructura que recorrió el mandatario de Tamaulipas, quien deberá entregar el cargo dentro de 15 meses, aunque su último año podría convertirse en una pesadilla.
Y es que el Congreso local pronto será dominado por Morena, que el pasado 6 de junio ganó las principales alcaldías —Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Nuevo Laredo— y 16 de los 22 distritos locales.
Fue la legislatura saliente —con la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el juicio de procedencia emprendido contra García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados— la que evitó que fuera encarcelado.
Justo dentro de tres meses asumirán los 36 nuevos integrantes del congreso de Tamaulipas. Actualmente, la relación del gobierno federal con García Cabeza de Vaca fluye a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y para atenuar la violencia en los municipios fronterizos, exacerbada en los últimos 10 días, han tenido que trabajar unidos.
Pero el conflicto político no amaina. Hace una semana, la legislatura tamaulipeca —controlada por una sólida mayoría panista— aprobó un paquete de reformas a la Constitución local y la Ley de Responsabilidades que deja entre sus potestades exclusivas decretar sobre una declaración de procedencia, tratándose de servidores públicos del Estado. Esto —argumentaron— “para evitar interpretaciones erróneas y confusiones en su ejecución”.
En respuesta, la senadora morenista Guadalupe Covarrubias Cervantes activó el procedimiento que —si cuenta con el respaldo del coordinador de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila— derivaría en la desaparición de poderes en Tamaulipas.
“Tenemos que proteger el Estado de derecho y la democracia”, clamó la legisladora tamaulipeca, “los poderes estatales están rompiendo el pacto federal. Tamaulipas es un estado libre y soberano, mas no autónomo. Y no puede estarse contraviniendo la Constitución, es una pena que la motivación para cambiarla haya sido blindar a una persona (García Cabeza de Vaca) para que no rinda cuentas por sus actos”.
La desaparición de poderes —insistió Lupita Covarrubias— no es lo ideal, pero es la única ruta posible ante la omisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo del asunto. La legisladora cuenta con el respaldo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Efectos secundarios
DESTRABADOS. En la mesa de diálogo, convocados por la secretaria Olga Sánchez Cordero, comparecieron los directivos de Americas Gold&Silver y los representantes del gremio minero. La empresa accedió a no dejar en el desamparo a los 14 despedidos tras del cierre de la Mina San Rafael, pero siguen vigentes las demandas contra el grupo que hace 14 meses tomó ese complejo y otra instalaciones de la empresa en Cosalá, Sinaloa. Los abogados de los empresarios canadienses están en Mazatlán para cerrar esos expedientes y conseguir la reapertura, después de 18 meses. El anuncio público del acuerdo es inminente.
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