Es la reposición de la votación que suspendió la Secretaría del Trabajo, hace cuatro meses; decisión que provocó un amago del gobierno estadounidense para activar el mecanismo de respuesta inmediata contemplado en el T-MEC
La escasez de chips tiene en paro técnico a las plantas de General Motors en Ramos Arizpe, San Luis y Silao. En San José Chiapa, Puebla, los obreros de Audi suspendieron actividades, en protesta por un “muy agresivo” plan de reducción de la plantilla laboral, propuesto por la firma alemana.
¿Y las autoridades laborales? Ante los conflictos entre empresas y sindicatos, primero la conciliación. Y ayer nada pudieron hacer ante el paro de brazos caídos, que visibilizó las demandas de los inconformes: frenar inmediatamente el plan de reducción de trabajadores sindicalizados que la empresa busca implementar, presuntamente amparada en el Reglamento Interior.
El paro técnico en Silao seguirá vigente. Pero 6,472 obreros deberán regresar mañana a la fábrica instalada en el acceso al Cerro del Cubilete, para sufragar en la consulta convocada por el sindicato nacional Miguel Trujillo López, de la CTM, para legitimar su validez como titular del contrato colectivo firmado con General Motors.
Es la reposición de la votación que suspendió la Secretaría del Trabajo, hace cuatro meses; decisión que provocó un amago del gobierno estadounidense para activar el mecanismo de respuesta inmediata contemplado en el T-MEC.
La legitimación es un procedimiento interno y potestad única de las organizaciones sindicales. Hasta ahora van 1,500 contratos votados y de estos, una tercera parte fueron sometidos a la consideración de sus agremiados por el sindicato Miguel Trujillo, que dirige Tereso Medina Ramírez y quien ha obtenido 97% de resultados favorables.
Las votaciones en Silao fueron suspendidas a la mitad de la jornada —aquellos sindicatos con más de 2,000 afiliados deben votar durante dos días— no obstante que un notario dio fe sobre el desarrollo de los comicios, que también fueron observados por la autoridad laboral. El resguardo de la paquetería electoral falló y las boletas fueron destruidas. Los organizadores presentaron denuncias ante la fiscalía estatal y también obtuvieron un amparo, luego de que la autoridad federal impusiera un plazo perentorio para la reposición del proceso.
Además de los representantes del INE y de la OIT acreditados como observadores, en Silao estarán 15 funcionarios y asesores de la STPS, entre ellos Claudia Patricia Juan Pineda y Héctor de la Cueva, integrantes del FAT y asesores de Generando Movimiento, la organización gremial que promueve el voto contra la mayoría cetemista.
Después de cuatro décadas, ambas organizaciones disputarían los contratos de las principales factorías del país… gracias al T-MEC. La Cuarta Transformación, se quejan dirigentes cetemistas, ha sido omisa y abiertamente favorece a la disidencia. Y es que además de los respaldos internacionales a la campaña por el “no”, impulsada por la agrupación Generando Movimiento, estarían acciones intimidatorias en las que habrían participado activistas sociales, con la connivencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo federal.
El proceso electivo —conforme la nueva legislación laboral— debería haber sido autorizado por el Centro de Conciliación y Registro Laboral, pero el gobierno panista de Guanajuato no ha cumplido con su instauración (De hecho, sólo 10 de los 31 centros estatales han sido habilitados). De manera supletoria, el Centro Federal —a cargo del exsubsecretario Alfredo Domínguez Marrufo— recibió la convocatoria y dio seguimiento a la consulta que ahora tiene al mundo laboral en vilo.
En la víspera, la disidencia —los representantes de Generando Movimiento y la FESIIAAAN— insistirán en que la STPS aplique los lineamientos del Acuerdo de Remediación y atraiga la etapa final del proceso, para contar los votos y asegurar la papelería electoral.
No obstante las presiones externos, Medina Ramírez cree que la legitimación en Silao transcurrirá sin mayores incidentes. Y cree que su modelo de “sindicalismo responsable” prevalecerá, pues cuenta con el respaldo de los obreros. La empresa y las autoridades laborales —insiste— deberán respetar la decisión de la gente, que está dispuesta a defender su fuente de trabajo hasta las últimas consecuencias.
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