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Por segundo año consecutivo, el Congreso de la Unión no asignó recursos para los cuatro programas principales de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, rural, forestal y pesquero. Sólo por la lentitud en la creación del ecosistema que integrará la Financiera del Bienestar se ha evitado la desaparición del organismo que cumplirá 20 años, dentro de cuatro semanas.

Ni la Ley de Ingresos ni el PEF contemplan financiamiento para el organismo que sustituyó al BanRural, pero que perpetuó muchos de sus vicios. De hecho, por ley, las entidades que integran la banca de desarrollo, la FND y el Infonacot no tienen autorizado déficit por intermediación financiera para el ejercicio fiscal 2023.

La inclusión financiera, particularmente de los productores rurales y de las comunidades financieras, es la prioridad. Adiós a los créditos, a los intermediarios financieros y los productores agropecuarios a través de esta dependencia, que daría paso a AgroFin según la propuesta elaborada por Javier Delgado, por encargo de Alfonso Romo, y sustentada por Mario Delgado ante la Cámara de Diputados hace tres años.

Romo dejó la jefatura de la oficina de la Presidencia y Rogelio Ramírez de la O llegó a la secretaría de Hacienda. Baldemar Hernández Márquez tomó las riendas de la FND para alinearse a la estrategia de austeridad y recuperación de recursos encabezada por la ahora secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

La aprobación del paquete económico 2023 en el Congreso de la Unión definió la ruta para la extinción de ese organismo descentralizado. En una “mesa técnica”, Hernández Márquez informó a los coordinadores regionales de la FND que la cobranza de los créditos será puesta en pausa, lo mismo que la cartera vencida y la cartera litigiosa. Y también quedarán suspendidos el otorgamiento de nuevos créditos… hasta nuevo aviso.

La FND será absorbida por una nueva entidad adscrita al Banco del Bienestar. Tendrá nuevas condiciones para operar créditos y otorgar otros programas asistenciales.

Los efectos de la pandemia y la recesión económico alteraron drásticamente el plan de Delgado-Romo, pero el fracaso de la implementación del BanBienestar tampoco augura una mejora sustantiva para el otorgamiento de crédito a los antiguos clientes de la FND.

Paradojas de la austeridad republicana: el agro mexicano se ha visto beneficiado por el incremento del precio de los productos y el aumento de las exportaciones, pero los pequeños productores —no tienen seguro y no están tecnificados— atraviesan una etapa crítica, mientras que los grandes productores se han visto afectados por tipo de cambio alto y aumento en las primas de seguros, por los desastres naturales.

La vía de una liquidación quedará cerrada, con la promulgación de la Ley de Ingresos. ¿Y el cierre de caja? Del patrimonio de la FND, más de 15,000 millones de pesos tendrían que destinarse para saldar los créditos contratados con el BID y el Banco Mundial.

El acceso a los servicios financieros a grupos vulnerables del campo en zonas y regiones prioritarias quedaría a cargo del nuevo Instituto Financiero del Bienestar. ¿Y los pequeños y medianos productores agropecuarios? La duplicidad con FIRA —la otra institución especializada en los créditos al sector agropecuario, que es también las más grande— quedaría resuelta, pero de la peor manera.

La disolución de la FND es un proceso en marcha. El recorte de personal, ejecutado desde el segundo semestre del año fue un primer aviso de la suspensión de operaciones. Y los esfuerzos por recuperar la cartera vencida y litigar los adeudos con más eficacia realizados en las oficinas estatales y regionales no tuvieron respaldo de la coordinación jurídica.