La desaladora de Los Cabos

Está identificado con el número 016, entre los nuevos proyectos que Banobras promociona entre los inversionistas foráneos interesados en México. La edificación de una nueva planta desaladora para Los Cabos, Baja California Sur, está propuesta desde hace cuatro años por el gobierno municipal, que entonces registró un déficit de 232 litros por segundo en el suministro de agua potable.

En la última versión –autorizada por el Fondo Nacional de Infraestructura, ya con la Cuarta Transformación– quedó estipulado que la inversión, de 50 millones de dólares, deberá ser tipo Greenfield: los licitantes deberán construir desde cero las instalaciones de la nueva planta y traer el capital necesario desde el exterior, para inyectar divisas a la economía local.

El organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable es el promotor de la obra. Banobras aportará 49% de la inversión y Conagua tendrá participación en esta asociación público-privada, que busca solventar el déficit actual en la demanda del agua para los usos domésticos y no domésticos en comunidades aledañas y lejanas del municipio de Los Cabos, en las que radican más de 100 mil sudcalifornianos.

Con la manifestación de impacto ambiental, la alcaldesa morenista, Jesús Armida Castro Guzmán, obtuvo el respaldo del cabildo para realizar las gestiones y hace tres meses declaró como prioridad la concreción de la planta desaladora. Pero el gobierno estatal, encabezado por el panista Carlos Mendoza Davis, tiene otros planes… entre ellos construir una planta de este tipo, con el mismo modelo de inversión, en la capital sudcaliforniana.

Antes de que la alcaldesa solicitara al Congreso local autorización para suscribir sendas líneas de crédito para concretar el proyecto de la desaladora e instaurar un plan de mejora integral para la red de distribución y medición de agua potable –ambas por un valor superior a los 5,200 millones de pesos–, comenzó la guerra sucia. La prensa local hizo eco de “denuncias anónimas” sobre la contratación del hijo de Castro Guzmán en el sistema municipal de agua potable.

¿Guerra sucia o fuego amigo? Entre los principales opositores al proyecto está Héctor Torres Tovar, quien era cuarto regidor en el cabildo municipal hasta junio pasado y se cuenta entre los principales operadores del senador Víctor Manuel Castro. Ambos participarían en un movimiento radical que busca quedarse con la candidatura de Morena a la gubernatura, a renovarse en junio del año próximo.

“Quiere tumbar el proyecto de la desaladora”, achacan los cercanos a la alcaldesa, convencidos que el agua será uno de los temas centrales de la disputa política, en el 2021. Con la aprobación de su proyecto, Armida busca resolver el problema de abasto de agua potable para 13 colonias populares, donde radica casi la mitad de la población de Cabo San Lucas.

Autorizado el proyecto, vendrá la licitación pública internacional. Para concretar ambos proyectos, el ayuntamiento deberá realizar una licitación pública y constituir un fideicomiso maestro de administración que concentre y aporte total o parcialmente los recursos. Se estima que la operación de la planta desaladora empezaría en diciembre del 2022. En caso de que no pudiera cubrir los pagos, el ayuntamiento dejará sus participaciones federales en prenda.

Efectos secundarios

DESAMPARADOS. Hace tres meses, por lo menos, comenzaron a ser visibles las señales sobre la supresión de la subsecretaría de Minería en el organigrama de la dependencia encabezada por Graciela Márquez. No obstante, su titular, Francisco Quiroga, tuvo que redoblar esfuerzos para reactivar al sector –considerado inicialmente como actividad no esencial por las autoridades sanitarias– y asegurar que 379 mil mineros volvieran a sus centros de trabajo en condiciones adecuadas para evitar contagios. El sector minero genera 8% del PIB industrial, 4% del PIB nacional y empleos para 2.6 millones de mexicanos. Y con o sin subsecretaría, vive una época convulsa, por problemas ambientales, con la comunidad o con grupos políticos que bloquean minas, como se ha producido en yacimientos de Zacatecas, Sonora o Guerrero. Uno de los más recientes involucra a Americas Gold and Silver, cuya operación en Cosalá, Sinaloa, ha sido saboteada por el líder sindical Yasser Beltrán, desde hace siete meses. Las autoridades laborales han tratado de resolver el conflicto, sin éxito.

CORRECTIVO. ¿El Ejecutivo propone… o impone? Desde Palacio Nacional, de botepronto, vino la descalificación a la propuesta de la mayoría morenista en el Senado de incrementar el IEPS a las bebidas azucaradas. Confirmado: se acabaron los “guardaditos”, pero AMLO mantendrá su promesa de no imponer nuevos impuestos. Ya se verá si los legisladores obedecen la línea presidencial; mientras, el debate sobre la pertinencia de esta política impositiva, que en parte deja de lado otras industrias igual de dañinas y porque lo recaudado no se destina, en gran medida, al gasto por salud. De enero a junio del 2020, el gobierno recaudó 23,410 millones de pesos por IEPS a alimentos y bebidas con alta densidad calórica. Sin embargo, el programa de Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la Secretaría de Salud erogó solo 221 millones de pesos en el periodo (0.9% de lo recaudado).

Twitter: @aguirre_alberto