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Desde la Presidencia de la República para abajo, el oficialismo vende la patraña de que la reforma político-electoral que pergeña busca “fortalecer la democracia”, cuando lo que quiere es asfixiar a sus adversarios y apoderarse del Instituto Nacional Electoral para garantizar la inmortalidad del obradorato y asegurarse de que la mandataria figure en las boletas electorales de 2027.

El pretexto es el mismo que usó Andrés Manuel López Obrador: la revocación de mandato, para usarla en descarados actos de autopromoción.

La previsible campaña de Claudia Sheinbaum servirá para apuntalar las candidaturas de Morena, el PT y el Verde en la elección colosal de:

a) 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 300 locales, 680 presidencias municipales y miles de cargos para los nuevos cabildos.

b) la elección de alrededor de tres mil 500 juzgadores federales y locales prevista en la maligna reforma judicial de tómbola y acordeones.

c) la consulta de la revocación.

El debate público se entretiene con distracciones: que si los plurinominales, que si el nepotismo, que si el financiamiento, que si el fuero, que si la “democracia participativa”.

Lo central es el ansiado activismo electoral de la Presidenta, cuya inclusión en las boletas es el as bajo la manga para asegurar la continuidad del régimen.

A tal grado les urge alzarse con el descomunal botín político que están dispuestos a invertir el orden constitucional para posponer la elección judicial y adelantar un año la revocación de mandato.

La consulta para la disfrazada ratificación (como fue la de López Obrador) les es muy valiosa para preparar desde ahora la sucesión presidencial de 2030.

Como si la democracia fuera más barata por docena, quieren que las tres elecciones cuesten poco, pese a que, bien hecha, cada una cuesta casi 15 mil millones de pesos.

La instrucción desde la madriguera de Palenque es fingir que para el INE será suficiente el presupuesto que se le pretende reducir en 50 por ciento.

¿Ignoran que lo barato sale caro?

Sheinbaum insiste: “Nadie podrá decir que vamos hacia el autoritarismo”, y tiene razón: no vamos, ya estamos.

Peor: elaborando reformas y leyes exprés con mayorías inconstitucionales abyectas y procedimientos a modo, México va rumbo a una dictadura constitucional.

Como dijo el coordinador de la diputación petista, Reginaldo Sandoval, fue con las reglas actuales que su coalición derrotó a la oposición y se engulló los Tres Poderes.

No es casual que el dueño de ese partido, Héctor Anaya, saliera sonriente de la Secretaría de Gobernación afirmando el apoyo de su franquicia al oficialismo, pero sin decir si sus bancadas votarán por una reforma que le restará utilidades a su jugoso negocio (y el Verde Ecologista, fiel a su tradición camaleónica, venderá caro su amor).

En suma, todo este argüende es para que su principal activo electoral, Claudia Sheinbaum, arengue cuanto quiera a fin de que nadie estorbe la construcción de una redundante “democracia participativa”… de utilería.