La delación como política de Estado

Ubicado en los últimos lugares de ranking de transparencia mundial, otorgando a dedo a empresarios amigos ocho de cada 10 negocios públicos… el gobierno mexicano basa su lucha contra la corrupción en la propaganda y en delación como política de Estado.

Destaca la promoción de la chivatería al nivel de política pública para armar casos judiciales, en un gobierno que busca regir la moral con una Cartilla basada en preceptos religiosos, que condenan la delación como acto inmoral y antiético.

El paradigma es el Caso Lozoya, quien aceptó la oferta de sus carceleros para lograr libertad o reducción de condena, si denuncia a los amigos con los cuales creció en todos los sentidos por mutuo acuerdo, pero cuyas cabezas quieren sus carceleros.

Aceptó denunciar a quienes le indiquen, aunque ello no garantiza que el gobierno llegue a la verdad jurídica, porque sus declaraciones son interesadas. Rosario Robles, en cambio, no aceptó la propuesta de delatar a sus amigos.

Y por eso sigue presa y Lozoya está libre, mientras los carceleros continúan fincándole a ella cargos para que delate de una vez.

Peor: la política pública que fuerza la delación para salvar el pellejo ya llegó a los amigos de la propia Rosario, para que entienda que no existen los amigos ni vale la pena mantener principios personales, jurídicos o morales que le impidan delatar.

Emilio Zebadúa, la persona de más confianza de toda la vida de Rosario, ofrece convertirse en colaborador de los carceleros de su amiga, a cambio de refundirla a ella en prisión y obtener inmunidad penal.

Es cierto que en el código penal mexicano existe la figura del “testigo protegido” y del “criterio de oportunidad”, cuyo objetivo legal es propiciar la solución de casos gravísimos, como terrorismo, narcotráfico, prostitución o crimen organizado.

También es cierto que esas dos figuras jurídicas estaban en el código penal: no son creación de la autollamada Cuarta Transformación, como, por ejemplo, el “Ciudadano Alertador”, que son los soplones organizados por la SFP.

También es verdad que el presidente considera “muy bajo”, el ofrecimiento de Zebadúa para convertirse en delator en el proceso penal contra Rosario. Pero también es verdad que lo celebra como “un ejemplo de descomposición” del gobierno anterior.

Porque la realidad es que este gobierno propulsa y premia las vendettas tipo Lozoya y Zebadúa (ahí viene ya la del abogado Juan Collado) para demostrar que “así estaban las cosas, así estaba de podrido”.

El propio presidente lo admite: “Existe este mecanismo legal de testigo colaborador que antes no se aplicaba y ahora se está aplicando y todo quien quiera usarlo pues lo va a hacer, para garantizar que no lo castiguen tanto”.

Sí: la delación como política de gobierno.