La corrupción en Banco del Bienestar

Hay casos que destruyen el discurso anticorrupción de la Cuarta Transformación.

Para muestra basta un botón: La llegada de Víctor Lamoyi al Banco del Bienestar, tras su vasta experiencia en contracción pública en puestos como Oficial Mayor de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Coordinador Nacional de Administración y Finanzas del Insabi, parecía representar un blindaje en las contrataciones públicas de dicha institución financiera para que los bienes y servicios sean prestados, por empresas que acrediten durante los procesos licitatorios, su capacidad técnica, financiera y humana, y que garanticen las mejores condiciones para el estado.

Nada mas alejado de la realidad, y es que, de facto, Isauro Cervantes Reyes, Gerente de Adquisiciones y Juan Jesús Acebedo Montaño, Subdirector de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos funcionarios del Banco del Bienestar encargados de los actuales procesos de contratación, desde su muy reciente arribo a dicha dependencia, no han escatimado esfuerzos para dirigir dichos procedimientos en beneficio de empresas que carecen de experiencia y capacidad.

Una muestra inobjetable de las tretas de estos funcionarios para favorecer sus intereses y los de empresas como Constructora y Urbanización García Villareal S.A. de C.V. y Copi diseño, mantenimiento, distribución y construcción s.a de c.v, se da en el marco de la Licitación Pública Nacional electrónica No. LO-006HJO001-E40-2022, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO SEDE Y SUCURSALES, DEL BANCO BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, en la que se aprecian burdas Irregularidades en el procedimiento administrativo de selección de proveedores en relación a los requisitos solicitados a los licitantes participantes, al eliminar en la junta de aclaraciones requisitos mínimos contenidos en la licitación y con lo que las empresas participantes acreditarían y garantizarían la capacidad para prestar el servicio en estricto apego a la Ley, como es la presentación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mecanismo obligatorio creado con la intención de regularizar a personas contratistas para garantizar un control efectivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, y que ha sido severamente impulsada por el gobierno en turno para construir una política de equidad y justicia laboral.

En dicha junta de aclaraciones asimismo, a petición directa de los funcionarios señalados, se suprimió la obligatoriedad de los licitantes para la presentación de las respectivas constancias DC3 y DC4 de la STPS que acreditan la capacitación y habilidades técnicas de sus trabajadores, así como el registro de SIRCE, herramienta informática, que la autoridad del trabajo pone a disposición de los patrones como parte de la modernización en la vigilancia y cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo, que se diseñó considerando la sinergia de un crecimiento sostenido con base en la productividad, y salvaguardando los derechos de los trabajadores.

Así las cosas, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugura sucursales del Banco del Bienestar, y proyecta convertirlo en el banco con más instalaciones del país, es decir el banco más grande de México, con más de 2,700 sucursales, los funcionarios encargados de cuidar su infraestructura, se frotan las manos para desviar los recursos destinados para su mantenimiento a empresas que no acreditan su capacidad técnica y humana, y desacatan la normativa laboral que protege a los trabajadores.