La asesora de tesis

Impartió cátedra en la UNAM durante 42 años. Martha Rodríguez Ortiz nunca se asoció a un despacho de litigantes, sino que hizo carrera académica en Departamento de Derecho de la FES Aragón hasta que abruptamente fue suspendida, hace dos años, señalada por “haber desplegado conductas contrarias a los propósitos y fines” perseguidos por la Máxima Casa de Estudios.

Un “daño colateral” del escándalo protagonizado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada por Guillermo Sheridan de haber falsificado el trabajo para obtener su título como licenciada en derecho en la entonces ENEP Aragón. Tras de la publicación de esas acusaciones en distintos medios de comunicación, el entonces director de la facultad, Fernando Macedo Chagolla, y el rector Enrique Graue Wiechers, ordenaron sendos procesos de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del presunto plagio, ocurrido hace casi 40 años.

Rodríguez Ortiz llevaba entonces dos décadas como profesora de asignatura y por una de las materias en las que fungía como adjunta — Seminario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social— asesoró a Esquivel Mossa en la elaboración de la tesis Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A.

Especializada en materia laboral, la docente invocó al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para demandar al rector de la UNAM y al director de la FES Aragón por el “uso abusivo de la libertad de expresión” y actos discriminatorios.

Obligada a demostrar tales infracciones, Rodríguez Ortiz debió validar su intervención en esta oprobiosa historia: en 1985, Esquivel Mossa le solicitó ser su asesora de tesis. Y un año después, Edgar Ulises Báez Gutiérrez inició su trabajo, por lo que bajo el precepto del enriquecimiento doctrinario —en un peculiar ejercicio de libertado de catedral— le proporcionó una copia del trabajo de su asesorada, “a fin de tomar una idea de cómo preparar la suya”. (Hay otras dos tesis, de Rodolfo César Navarro López, del 2008 y de Juan Carlos Martínez, del 2010, con idénticos capítulos a la de 1985).

En el cúmulo de pruebas presentado por la excatedrática está el oficio FESAR/DIRA/OJUR/002/2023 signado por Macedo Chagolla, que le notificó de la “audiencia de investigación administrativa” (celebrada el 12 de enero del 2023 en la oficina jurídica adscrita a la FES Aragón). “Con su actuar, podría haber desplegado conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta Universidad, que trasgreden la imagen y el liderazgo que la misma representa en la vida nacional”.

Ni ese órgano ni la recién instaurada de Comisión de Integridad de Rectoría habían concluido con el estudio del caso, cuando Rodríguez Ortiz fue suspendida y quedó impedida —indefinidamente— para dar clase y cobrar su salario por haber incurrido en conductas que “resultaban particularmente graves, toda vez que había trastocado los principios y fines esenciales de la UNAM”.

Estas consideraciones, valoró la jueza Hernández Mijangos, fueron emitidas por el director de la FES Aragón sin haber agotado el procedimiento administrativo respecto. En los que respecta al exrector Graue, lo halló culpable de haber atentado contra el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen de Rodríguez Ortiz.

En tanto que no haya sentencia definitiva y ejecutoriada, las probables responsables tienen derecho a hacer valer el respeto a su imagen, decretó la juzgadora, quien condenó al director de la FES Aragón y el exrector de la UNAM a pagar una indemnización de 1.5 millones de pesos por 10 años, lapso en el que estima se diluirán los efectos del daño. La institución quedó a salvo de cualquier sanción.

La sentencia de la jueza Cuarto de lo Civil de la CDMX premia a la asesora de tesis y castiga a los funcionarios que en representación de la UNAM tuvieron que ocuparse del presunto plagio, sintetizaron ayer casi medio millar de académicos que salieron en respaldo de los sancionados. “La justicia es deformada para favorecer una venganza política”. ¿De una catedrática a la que le rescindieron contrato (y que no defendió las AAPAUNAM, por cierto) después de asesora de 507 tesis de licenciatura registradas entre 1983 y 2019?