¿Justicia y reelección?

Justo dentro de dos semanas ocurrirá la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el periodo 2019-2021. La premura obedece a la posibilidad (cada vez más remota) de que Álvaro Augusto Pérez Juárez, actual titular del organismo, pueda reelegirse en el cargo… y al movimiento que busca evitarlo.

Un acuerdo del Consejo de la Judicatura local permitiría la postulación de Pérez en el proceso de renovación, pero apenas el pasado miércoles 24 al mediodía, un grupo de diputados constituyentes de la CDMX, encabezados por Javier Quijano, Alejandro Encinas y Lilia Rossbach se apostaron en los accesos principales de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México para inconformarse por lo que consideran la violación que un grupo de jueces desean hacer a la Constitución, a modo de darle la vuelta a la ley.

“La Constitución de la Ciudad de México es puntual”, sostuvo Encinas Rodríguez en la víspera, “no podemos tolerar que los responsables de cuidar la ley sean quien la violen”.

Y es que para esquivar la prohibición constitucional, los magistrados interpretaron que para ellos el Estatuto de Gobierno es la norma vigente, pues la nueva Carta Magna local entrará en vigor hasta junio del próximo año. Pérez Juárez participaría por la próxima presidencia basándose en el artículo 33 de la aún vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual permite que su siguiente periodo al frente del organismo sea hasta por tres años.

El pasado miércoles 17, en un pleno cerrado se votó la posibilidad de que Pérez Juárez se inscriba como candidato, en la que el resultado fue de 46 votos a favor de que participe y 33 en contra. Dicho Acuerdo contraviene al artículo 35 inciso B numeral 9 de la nueva Constitución de la CDMX y vulneraría el principio de seguridad jurídica, de acuerdo con un grupo de magistrados que se opone a la reelección de Pérez. Dado que la nueva Ley Orgánica del TSJ todavía no está en vigor, la normativa vigente —artículo 33— lo permitiría.

A través de sus redes sociales, Encinas censuró la probable nominación del magistrado Pérez. “Es una vergüenza que el principal responsable de cuidar la ley sea quien la viole”, recriminó.

Dentro del TSJ-CDMX asumieron tal declaración como el arranque de una campaña para impulsar a Manuel Díaz Infante de la Mora rumbo a la presidencia del Tribunal capitalino, la cual estaría encabezada por el abogado y también constituyente Javier Quijano Baz. Esa estrategia de promoción y cabildeo habría iniciado con la presentación de Testimonio, libro escrito recientemente por Díaz Infante, y tendría como principales impulsores a Quijano y Hegewisch, quienes fueron socios en un bufete jurídico.

Apertrechados en torno a la reelección de Pérez, un grupo de jueces y magistrados sostienen que la postura del diputado con licencia y futuro subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración es facciosa, porque apuntala a Rafael Guerra Álvarez y Carlos Vargas Martínez, dos de los aspirantes más fuertes en la disputa por el TSJ-CDMX.

Guerra Álvarez es el juez acusado de omisión por los padres de los jóvenes muertos hace unos años en la discoteca News Divine, mientras que Vargas Martínez fue inhabilitado —hace algunos años— por el Consejo de la Judicatura Federal por malos manejos en el órgano administrativo federal.

Quijano Baz habría remitido una carta al magistrado Pérez Juárez para conminarlo a deponer su intención de reelegirse. Y en su asonada tendría el apoyo de los diputados morenistas Virgilio Dante Caballero Pedroza y José de Jesús Martín del Campo Castañeda, quienes presentaron un punto de acuerdo que respaldó el pleno del Congreso capitalino.

Las críticas a los rivales del magistrado Pérez coinciden con la decisión de emplazar a la elección para el próximo 9 de noviembre. Fast track, la convocatoria reuniría al pleno de magistrados para la sesión electiva. Conforme el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal, esa plenaria, mediante escrutinio secreto, procederá a la votación.

La prisa cunde en el Poder Judicial de la CDMX. Allí está, por ejemplo, la licitación para el arrendamiento financiero de los equipos de cómputo para el TSJ y el Consejo de la Judicatura de la CDMX. La licitación 016/2018 determinó primero seleccionar al prestador de servicios y posteriormente definir el plan de trabajo para el suministro y los requerimientos mínimos.

La anterior actualización de equipo de cómputo en los tribunales capitalinos ocurrió hace cuatro años, en el marco de la reforma al sistema penal acusatorio. Eran 3,000 PC con similares características a las que están por licitarse.

EFECTOS SECUNDARIOS

POSTURA. Ante la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promovida por Morena, el Consejo Mexicano de la Energía exige el fortalecimiento de los órganos reguladores del sector. “La autonomía técnica y de gestión presupuestaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía contribuyen a dar certeza en el sector y a fomentar mayor competitividad y rentabilidad”, afirmó Juan Acra, titular del Comener. “Bienvenido el debate en torno a la labor y responsabilidad de los entes reguladores, ya que esto debe conducir a identificar las áreas de oportunidad que eviten riesgos como una sobrerregulación”.