¿Justicia o populismo energético? La confección de la nueva política pública para el sector –valoran en los sectores duros de la 4T— podría dar a Luz Elena pase directo a la lista de aspirantes presidenciales para el 2030
La Cuarta Transformación prometió rescatar la soberanía energética y se lanzó contra las empresas extranjeras y de capital privado que desde el 2014 invirtieron en la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad. Esa intentona —para bien y para mal—estuvo marcada por la guerra al huachicol con la que inició el sexenio lopezobradorista.
El segundo piso de la 4T también ha emprendido un combate frontal a una modalidad distinta del huachicoleo –—a importación fraudulenta de hidrocarburos— y con la baja de precios de los combustibles quiere hacer “justicia energética”.
De esos primeros escarceos quedaron dos herencias ominosas: el lote de pipas adquiridas por el Ejército para transportar combustibles, mientras recuperaba el control de la red de ductos, y las empresas Gas Bienestar y Gasolinas Bienestar, que acumulan tres años de pérdidas operativas.
Coincidentemente con la irrupción de esas filiales de Pemex y en aras de proteger la economía familiar, la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP para venta al público. En un entorno de inflación, inseguridad logística y competencia desleal con Gas Bienestar, los empresarios del sector –que dependen del margen para operar y reinvertir— han exigido eliminar esa restricción.
¿Justicia o populismo energético? La confección de la nueva política pública para el sector –valoran en los sectores duros de la 4T— podría dar a Luz Elena pase directo a la lista de aspirantes presidenciales para el 2030. La equiparan —en niveles de cercanía y confianza— con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque carece de experiencia legislativa o en campañas.
En el epicentro de un grupo de funcionarios formados en la Secretaría de Finanzas del extinto GDF en el sexenio de Marcelo Ebrard, la titular de la Energía actualmente cuenta con poderosos aliados en Banxico, Pemex y las secretarías de Educación, Hacienda y Economía.
Por lo mismo, ya enfrentan señalamientos y críticas de sus antagonistas. ¿El más reciente? Por su intención de colocar a una de las suyas en el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Las más virulentas? La activación de una campaña mediática para denunciar que “está dispuesta a replicar la estrategia obradorista y usar la Secretaría de Energía como plataforma política, sostener políticas de subsidios insostenibles y —lo más delicado— otorgar beneficios a los hermanos López Beltrán”.
Tanto gasolineros como gaseros están entre los grupos económicos por la política de control de precios de los combustibles, implementado por la administración Sheinbaum a través de la secretaria González y el titular de Profeco, Iván Escalante, otro de sus operadores más confiables.
Sus posiciones inflexibles en las mesas de negociación habrían generado la oleada de descalificaciones. A diferencia del precio de las gasolinas, que requirió de un “acuerdo voluntario” con los distribuidores y solo afectó al precio de la Magna, con los precios del gas LP, la imposición del tope no fue negociable.
La eficacia del PACIC estaba en suerte. Y las autoridades federales buscaban contener el precio de la tortilla. Los industriales del ramo insisten que el costo del combustible apenas representa entre 3 y 5% del precio final al consumidor y cuestionaron la racionalidad de la medida, pues si bien es popular entre la población de bajos ingresos, representa “un castigo para el mercado y una barrera para la inversión”.
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