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Sin la mitad de sus integrantes originales, con suplentes inexpertos y frívolos en su mayoría, el Senado de la República prefirió seguir en la omisión que cumplir con los plazos legales a la hora del nombramiento de los integrantes de las instancias que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.

La bancada oficialista no podría esquivar el cerco opositor en lo que resta del periodo legislativo. Así que hasta después de las elecciones procederá a la designación del primer fiscal general de la República y después, del fiscal anticorrupción.

El “pacto de impunidad”, empero, podría quebrarse por la vía jurisdiccional. A finales de la semana, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA acudieron ante la SCJN para interponer una demanda de amparo ante la omisión senatorial de ratificar a los 18 magistrados en la materia, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto desde abril del 2017.

Presentada el pasado viernes 11, la demanda busca que la Cámara Alta, o en su caso la Comisión Permanente, ratifique a los especialistas que resolverán las sanciones aplicables a servidores públicos o particulares que cometan faltas administrativas graves como peculado, cohecho, desvío de recursos y enriquecimiento oculto.

¿Congresistas en rebeldía? En la CDMX, la omisión legislativa de nombrar a los integrantes del instituto local para la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales también es motivo de una queja ante el Poder Judicial que busca, en última instancia, obligar la designación ipso facto de los comisionados.

“Los asambleístas deben darle prioridad al cumplimiento de su trabajo y no a agendas políticas”, juzgó María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, instancia promotora del recurso. “La existencia de un periodo electoral no justifica que las autoridades evadan sus responsabilidades, sobre todo si esto obstaculiza el funcionamiento del sistema de transparencia”.

Laura Gutiérrez de Velasco, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió la demanda. Y coincidentemente, ahora se sabe que podría quedar insubsistente… de acuerdo con una silibina y acomodaticia interpretación de la ley formulada por el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna.

El nuevo InfoCDMX debió entrar en operación hace 47 días y, en consecuencia, el InfoDF se extinguiría en la víspera. Pero mientras los nuevos comisionados eran nombrados por la ALDF, los anteriores continuarán en sus funciones según la respuesta que Luna dio a la secretaria ejecutiva del InfoDF, Ana Lilia de Fátima García García.

“El precepto debe entenderse en su literalidad, no obstante que al final se mencione que es mientras termina el plazo por el cual fueron nombrados (los comisionados). Esto es así en virtud de que este órgano legislativo se encuentra actualmente en el proceso de emisión del dictamen relativo a la designación de los nuevos comisionados… A efecto de que dicho instituto continúe funcionando, en tanto se emite el dictamen correspondiente, los comisionados deben continuar en sus funciones de conformidad con lo que claramente señala el dispositivo normativo”, estipuló.

La secretaria ejecutiva del InfoDF había consultado al presidente de la Comisión de Gobierno sobre el artículo 17° transitorio de la Ley de Transparencia de la CDMX. Luna le respondió a través del ALDF/VIIL/CG/ST/733/2018, fechado el 26 de abril del 2018, aunque fue remitido a su destinataria hasta el 11 de mayo… justo cuando acababa de ser ratificada la petición de amparo de MCCI, con la asesoría del despacho jurídico White & Case.

¿Y la autonomía? El contralor del InfoDF, César Rodríguez, ya notificó a García García del regreso de los excomisionados, quienes volverían a sus funciones después de 45 días de parálisis, lapso en el que los comisionados del INAI atrajeron las resolución de los casos capitalinos.

EFECTOS SECUNDARIOS

PRÓRROGA. Los problemas para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no cesan. Además de los reclamos de los estudiantes que han tramitado becas, están los emplazamientos a huelga formulados por los sindicatos de investigadores y profesores de diversos centros públicos por la revisión anual del contrato colectivo de trabajo. La autoridad ha propuesto un incremento salarial de 3.4% y un bono compensatorio. Unidos, en busca de una mejor oferta salarial, los sindicatos han sincronizado sus estallamientos de huelga y continuarán las negociaciones con sus respectivos patrones, en espera de que los directores y presidentes de los CPI autoricen 7% de incremento salarial.

ALARMA. En el semanario internacional de The New York Times apareció un texto que advierte las preocupaciones de la industria petrolera estadounidense sobre las “posturas nacionalistas” del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Y es que sus propuestas podrían reducir la producción petrolera en Texas e impedir la perforación en aguas profundas del Golfo de México por parte de gigantes como Exxon Mobil y Chevron.