La cacería judicial para encarcelar a gente que tuvo cargos de responsabilidad en el gobierno de Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera chafeó con una presa mayor, el ex secretario de Seguridad Pública Raymundo Collins, lo cual, muy lejos de favorecer, empaña la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum. Acusado (junto … Continued
La cacería judicial para encarcelar a gente que tuvo cargos de responsabilidad en el gobierno de Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera chafeó con una presa mayor, el ex secretario de Seguridad Pública Raymundo Collins, lo cual, muy lejos de favorecer, empaña la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum.
Acusado (junto con Fernando Javier Linares Salvatierra y Enrique Heras Mauleón) por la Fiscalía General de Justicia de probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cuando dirigió el Instituto de Vivienda por haber gestionado, celebrado y pagado un contrato de incorporación de un terreno en Paseos de los Olmos, alcaldía de Álvaro Obregón, para la construcción de viviendas de interés social, la acusación fue fumigada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia capitalino debido a que la inculpación, simplemente, carecía de sustento jurídico.
Notable de por sí, el caso escandalizó más por haber llegado a solicitarse a la Interpol emitir la temible ficha roja para la captura de Collins.
La incriminación corrió a cargo de la Contraloría del Gobierno de CdMx que, en síntesis, alegó que en diciembre de 2016, en su calidad de funcionario del INVI, quien después sería secretario de Seguridad Pública y sus coacusados realizaron aquella operación y la supuesta ilegalidad era que en el procedimiento faltó la autorización del Comité del Suelo y del Comité de Financiamiento, por lo que esa compra habría sido “ilegal”.
El problema para los persecutores (que parecen haber engañado a la jefa de Gobierno, quien lamentó la exoneración) es que no solamente no hubo afectación patrimonial alguna a las finanzas del gobierno capitalino, puesto que el terreno fue, efectivamente, adquirido y la construcción de vivienda de interés social se llevó a cabo, sino que la operación fue auditada por el doctor Arturo Vázquez Espinosa, director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de CdMx, instancia que en su informe de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2016, si bien determinó que existieron faltas administrativas en el procedimiento, se dio por satisfecha el reciente 11 de enero, luego de dar por “atendidas y solventadas” las observaciones y aclaraciones que hizo el ex director de Asuntos Inmobiliarios del INVI, Enrique Heras Mauleón, según reconoció el coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras de la Auditoría Superior, Guillermo Muñoz Morales.
Para colmo y de catálogo: en todo caso, el presunto delito había ya prescrito.
Lo cuestionable ahora es la permanencia de Fernando Villarreal Sánchez, adscrito a la Contraloría de Ciudad de México y promotor de la absurda denuncia porque, al ser por antonomasia pública la Cuenta Pública, estaba obligado a saber que la operación fue previamente fiscalizada, no obstante lo cual solicitó la orden de aprehensión que terminó en pastelazo…
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