INE: suspirantes y objetados

Finalmente 370 aspirantes a las cuatro consejerías del INE fueron admitidos por el Comité Técnico Evaluador para sustentar el examen de conocimientos, luego de que 17 fueran descartados, por no cumplir con la entrega completa de su expediente, y otros cuatro fueran clasificados como inelegibles.

Unos y otros tuvieron menos de 24 horas para recurrir la descalificación ante los jueces electorales. Y es que la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, solicitó al INE verificar si alguno de los aspirantes contaba con antecedentes, como candidatos o dirigentes partidistas. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, remitió su respuesta.

Inscritos, 391 aspirantes en el plazo estipulado por la convocatoria. Pero al menos un centenar no entregó su expediente completo al momento de registrarse, por lo que el Comité Técnico Evaluador los apremió a cumplir con los términos de la convocatoria… con lo que algunos –entre ellos la ex directora del IME, Eunice Rendón Cárdenas; el ex procurador en Puebla, Miguel Ángel Garita Alonso, y la presidenta del Consejo Electoral de San Luis Potosí, Laura Elena Fonseca Leal, entre un largo etcétera– ganaron una semana de tiempo para entregar el ensayo. El ex titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, fue apercibido para entregar su expediente completo.

La lista “definitiva” –con nombre completo y folio, por primera vez– está plagada de consejeros locales –casi la mitad de los inscritos– y contrasta, con la escasa presencia de académicos –Celia Palacios Mora, Cesar Cansino o Pablo Xavier Becerra– y periodistas, salvo los colegas Eliseo Rosales Ávalos, Heriberta Ferrer y Ana Lilia Pérez Mendoza.

Entre los aspirantes admitidos hay media docena de diputados federales –Mauricio Duck (PAN), Joaquín Vela (PT), Fernando Castro Trenti (PRI), Jaime Enríquez Félix y Uuc Kib Espadas (PRD)– quienes ya pasaron por la sala del Consejo General del INE. Del Poder Judicial destacan los magistrados María del Carmen Carreón, María Irene Castellanos Mijangos, Arturo Bolio Cerdán, René Osiris Sánchez Rivas y Pedro Rivas Monroy, aunque ningún ex integrante de la sala superior del TEPJF.

Una primera revisión del listado permite hacer una quiniela de los candidatos favoritos, entre quienes destacan Carla Astrid Humphrey Jordan y Díaz Santana, ex directivos de la FEPADE; Eunice Rendón; el actual coordinador de asesores de SEGOB, Jorge Alcocer; el titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, y el ex consejero presidente del IEEP-Oaxaca, Gustavo Meixueiro Nájera.

Los aspirantes admitidos coincidirán, durante la hora previa al examen, en el palacio legislativo de San Lázaro, aunque solo 60 –de los cuales, la mitad necesariamente serán mujeres– podrán llegar a la etapa final.

EFECTOS SECUNDARIOS
A REGAÑADIENTES. El próximo domingo 15, los consejeros de MORENA sesionarán –a convocatoria de su presidenta, Bertha Luján– para definir la integración de la Comisión de Encuestas, mecanismo interno que conducirá el ejercicio que determinará al próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido oficialista.

¿CONTINUIDAD? Entre empresarios e inversionistas –más en serio que en broma– se dice desde hace muchos años que la unidad administrativa con mayor corrupción dentro de la SEMARNAT es la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. La gestión (¿?) de sus ex titulares, Carlos Sánchez Gasca y Jorge Iván Cáceres Puig, fue funesta, pero la historia se repite con Rodrigo Hernández Aguilar, quien es sujeto de una queja presentada por 85 permisionarios de hoteles, restaurantes, palapas y prestadores de servicios de 11 estados del país a quienes habría solicitado hasta dos millones de pesos para otorgar las concesiones. A través de una carta enviada el 9 de febrero a la Presidencia de la República, con copia a los titulares de la SFP, SHCP y de la Unidad de Inteligencia Financiera, los permisionarios solicitaron una investigación inmediata sobre el actuar del funcionario federal. Al paso de un mes, el gobierno federal no ha dado respuesta al caso que afecta directamente al sector turístico.

POSTURAS. La gobernadora Claudia Pavlovich propuso al Congreso de Sonora considerar al acoso y al hostigamiento sexual como faltas graves en los Códigos Penal y Civil y reformar la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para garantizar el respeto, la integridad física y moral de las mujeres. Además, dotar de facultad al Ministerio Público para que, al tener conocimiento del delito de ciber-acoso, solicite la interrupción, bloqueo, destrucción de imágenes, audios y videos de contenido sexual, que se difundan sin el consentimiento de la persona, ya sea a través de medios impresos, redes sociales, plataformas digitales o cualquier dispositivo o medio tecnológico.