Impidieron decidir a los electores

Los asuntos del Derecho son de sentido común, pero los cuatro magistrados que se prestaron a ser verdugos ni siquiera saben aritmética elemental: 50 personas, entre 260 mil, que aportaron en promedio tristes 24 mil pesos, sirvieron de pretexto para abortar el nacimiento de México Libre.

Sobrecogedor, el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial no debiera sorprender si se recuerda que en 2018 le perdonó a Morena la multimillonaria y documentada compra de votos que disfrazó de “apoyo a los damnificados” del temblor de septiembre de 2017.

Inexplicable su existencia (sus resoluciones son tan inapelables que ni la Suprema Corte de Justicia, supuesto “máximo” tribunal constitucional, puede modificar), esa instancia resuelve política, no jurídicamente.

La sesión de su Sala Superior en que se negó el registro a la organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón será recordada por pésimas razones, entre otras porque tiró al caño el principio garantista y le cerró el paso a una organización abiertamente opositora a la 4T.

Debiendo ser de dignificación democrática, la magistral jornada terminó atizando los motivos de preocupación en amplias capas de la sociedad sobre el futuro de instituciones cuyo papel es operar como contrapeso del Poder Ejecutivo.

El fallo deja un funesto precedente: el de las restricciones extralógicas (que no se aplicaron a otras cooptables que estarán en las boletas de 2021) a la libre asociación en una organización apestada, porque se propinó un severo golpe a la pluralidad al optar por la sanción más grave: la negativa del registro, sin que se demostrara que las aportaciones bajo sospecha hubieran sido determinantes en la conformación del incipiente partido.

Con la honrosa excepción de los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, quienes asumieron su responsabilidad a sabiendas de lo que puede implicarles, los cuartotransformistas del Tribunal hicieron piruetas leguleyas para no hacer lo simple: ordenarle al INE la reposición del procedimiento para que, haciendo uso de sus atribuciones y obligaciones, indagara con profundidad el origen de ese dinero (existen los recibos de Clip), como lo solicitó, por cierto, el malogrado partido.

Quizá la obligación más relevante de los magistrados es no echarle pólvora a la lucha pacífica por el poder político. Pero les faltó inteligencia y valentía sin apartarse, desde luego, de la técnica jurídica. No ignoran que cuando el trámite estaba en la primera aduana, López Obrador llegó a decir que si se hubiera aprobado el registro habría llegado el fin del INE, por lo que les pesó más el temor al ataque y las injurias que resolver con decoro y, sobre cualquier otra consideración, proteger la Constitución.

Lo más deplorable y absurdo es que un cuarteto de togados oportunistas consiguiera impedir que fuera el voto ciudadano (hay más de 90 millones de empadronados) lo que decidiera el futuro de un partido legítimo.