Impacto social

Cruzar la sierra Tarahumara, incluido el Cañón del Cobre, no fue la mayor proeza de los constructores del ducto que corre desde El Encino, en Chihuahua, al puerto de Topolobampo, Sonora. Para atravesar barrancas y acantilados, TransCanada empleó más de 3,500 obreros y maquinaria de alta tecnología, como un taladro elevado y grúas neumáticas para transportar tuberías a lugares remotos a lo largo de la ruta.

Más de 10 millones de horas hombre sin un incidente de tiempo perdido, reportó la firma que surtirá de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad. Los retrasos —empero— vinieron por la oposición de los pobladores de la zona que apelaron a sus derechos ancestrales para frenar la megaobra.

La mediación de los funcionarios locales, intermitente a lo largo del proyecto, no tuvo éxito. El gobierno federal tuvo que convocar a consultas a las comunidades indígenas impactadas; ésa fue la única forma —tortuosa, pero segura— de obtener la autorización.

El impacto social de los proyectos energéticos es inevitable. Las disposiciones que regulan su evaluación fueron expedidas por la Secretaría de Energía apenas hace siete semanas, después de un prolongado periodo de deliberaciones.

Desde el 1 de junio, cuando apareció la nueva norma en el Diario Oficial de la Federación, los proyectos de mediana y gran envergadura como los de exploración y explotación de hidrocarburos, tratamiento y refinación, almacenamiento de gas natural y petrolíferos, transporte por ducto con longitud mayor a 10 kilómetros, y generación de electricidad mediante energías limpias mayor a 10 Megawatts tendrán que tramitar una manifestación de impacto social.

En ciernes, producto de la reforma energética, hay inversiones por 200,000 millones de dólares.

“Ahora se deberá de realizar trabajo de campo en las comunidades del área de influencia con enfoque participativo para informar a la población de los impactos sociales que pueden generar los proyectos, e identificar conjuntamente con ellos cuáles son las mejores medidas de mitigación, prevención o compensación que deberán de ser integradas dentro de un Plan de Gestión Social”, refirió María Nieves García-Manzano, directora de GMI Consulting.

Los proyectos deberán estar acompañados de un Plan de Inversión Social que se desarrollará en beneficio de las comunidades, y una estrategia de evaluación continua de los impactos sociales. Los impactos deberán de ser evaluados, y en caso de que se identifiquen impactos negativos con una alta significación social deberán de presentarse alternativas al proyecto.

El gasoducto El Encino-Topolobampo surtirá 670 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente a los mercados de Chihuahua y Sinaloa. El proyecto representa una inversión de 1,200 millones de dólares y la construcción de 560 kilómetros de tubería de 30 pulgadas de diámetro. Y junto con el ducto de Mazatlán forma un sistema que agrega más de 870 kilómetros de infraestructura crítica en el noroeste del país. La infraestructura de TransCanada alimentará nuevas plantas generadoras y reconvertir las actuales, que utilizan gasolina y diesel, con lo que se reducirán los costos de la electricidad y se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, casi 85% del gas natural en México es importado desde Estados Unidos. Un riesgo geopolítico y operacional que si se cumplieran los escenarios más catastrofistas podrían paralizar la generación de electricidad y también menoscabar a la planta productiva nacional, definió Juan Carlos Zepeda Molina, presidente del órgano regulador. A su juicio, el nuevo gobierno debe de concentrarse en incrementar la producción de gas natural para reducir la dependencia de EU.

EFECTOS SECUNDARIOS

APORTES. Hace dos días en este espacio se recordó el pitch presentado por Lía Limón, Salomón Chertorivski y Daniel Karam ante el entonces presidente electo Felipe Calderón Hinojosa en aquel verano del 2006. El modelo shark tank fue aplicado por esa administración panista para seleccionar a los proyectos prioritarios, en el último tramo de la transición. De allí salieron, entre otros, el programa de Estancias Infantiles que Limón dirigió. Y también, el programa 70 y más, desarrollado por Chertorivski. Ambos esfuerzos quedaron en Sedesol. Ahora, la administración entrante busca reforzar los apoyos a los adultos mayores, pero nada se sabe de la permanencia de las Estancias Infantiles.

SERENOS. En acción, incluso antes de las elecciones del 1 de julio, el equipo económico de AMLO logró ganarse la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente por su persistencia en priorizar un equilibrio macroeconómico y finanzas públicas sanas. La respuesta positiva de los mercados financieros, pero sobre todo, la recuperación del tipo de cambio son las evidencias más notables de lo que comienzan a llamar el factor AMLO entre los analistas senior. “Se está migrando de las dudas a la certidumbre, al menos por ahora”, señala John Soldevilla, economista en jefe de Engenium Capital, “hay una suerte de luna de miel y ya veremos si esto es duradero”. ¡Órale!

ILÓGICO. En Chiapas, más de uno aún no termina de entender con qué objetivo el candidato a gobernador del PVEM, Fernando Castellanos, entró a la contienda sabiendo que iba a perder si ya tenía asegurada una posición plurinominal en San Lázaro y, no obstante, decidió renunciar a su diputación, pero Rutilio Escandón de Morena obtuvo 39% de los votos, Fernando Castellanos del Verde, 22% y Roberto Albores del PRI, 20 por ciento. Si el PVEM y el PRI hubieran mantenido su coalición, Albores habría competido palmo a palmo con Morena. ¿Será que Castellanos realmente tenía la esperanza de ganar o sólo fue a dividir el voto del PRI?

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