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Ella, presuntamente sin nombramiento oficial. Él, bajo escrutinio porque habría plagiado a una colega. Patricia Talavera y Rafael Martínez Puón son los únicos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la presidenta saliente de ese organismo, Vania Pérez Morales, decidió cuestionar su estancia en ese órgano garante, único sobreviviente del antiguo aparato institucional.

No son los únicos. El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, fue señalado por Pérez Mendoza por su reiterada negativa a asistir a las sesiones del órgano de gobierno del SNA. Y el secretariado ejecutivo lleva un año acéfalo, después de que la presidenta saliente solicitara la remoción de Roberto Moreno, por presuntos malos manejos administrativos; el funcionario renunció a su cargo, pero su reemplazo nunca llegó.

El Pleno del CPC tiene cinco asientos, reservados para representantes de la sociedad civil, reconocidas por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Magdalena Verónica Rodríguez Castillo concluyó su periodo hace un año y la presidencia de esa instancia recayó en Pérez Morales. A finales del 2023 expiró el mandato de Jorge Alberto Alatorre Flores, pero sus vacantes —para cubrir periodos de cuatro y cinco años— no fueron cubiertas por el Senado de la República.

Talavera cubre un periodo de dos años y Martínez Puón, un trienio. El encargado de la secretaría ejecutiva, Rafael Ruiz Mena, ha formulado una consulta formal a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, sobre el nombramiento de la comisionada.

En todo caso, no se trata solo un documento extraviado, como insinuó la presidenta saliente. En el 2022, los cuatro comisionados impugnaron la convocatoria, la selección de los candidatos y “la celebración del contrato de prestación de servicios por honorarios con Blanca Patricia Talavera Torres, en calidad de integrante del CPC del SNA”. El juzgado segundo de distrito en materia administrativa del primer circuito sobreseyó el juicio 474/2022, tras determinar que los quejosos carecían de interés jurídico. Inconformes con esa resolución, interpusieron un recurso de revisión, que recayó en un tribunal colegiado, según consta en el expediente 130/2024.

Agónico, el CPC solo tuvo dos sesiones de trabajo durante la presidencia de Pérez Morales y entre una y otra, hubo 10 meses de diferencia. La presidenta saliente atribuyó esa parálisis a Moreno, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del SNA hasta febrero del 2027. “Hubo un retraso sustantivo porque el área se quedó sin un liderazgo técnico que pudiera avanzar en estos trabajos”, reconoció Pérez Mendoza ante los integrantes del Comité Coordinador, ante quienes presentó el pasado lunes 26 su informe de actividades.

A esa sesión extraordinaria –originalmente programada para el 20 de enero— no acudió Colmenares Páramo, ni la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

En vísperas de la presentación de su informe, Pérez Morales remitió una misiva a la junta de gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública para aportar indicios sobre una presunta falta cometida por Martínez Puón, coordinador académico del INAP, quien desestimó esos “señalamientos sin sustento” que “pretenden vulnerar no solo el prestigio personal, sino también afectar el buen nombre del CPC del SNA, así como del Instituto”.

Antes, Talavera y Martínez Puón habían salido a desmentir las versiones periodísticas sobre la presunta desaparición del CPC del SNA, por inoperante. Y sostuvieron que ni la Ley General ni el Reglamento Interior establecen un mínimo de integrantes para sesionar de manera válida. “Estamos facultados para analizar, discutir y en su caso, aprobar los temas que sean abordados en las sesiones ordinarias y extraordinarias posteriores al 29 de enero del 2026. Con ello se reitera la capacidad técnica y legal del Comité para continuar trabajando, posterior a la salida de Vania Pérez Morales”.

La presidenta saliente no entregó el cargo a Talavera. A su juicio, el Comité Coordinador deberá determinar quién podrá ejercer la dirección del CPC del SNA.