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Para nadie es una sorpresa que la ilegalidad crece en el país. Lo mismo en las estadísticas de homicidio que en la incertidumbre de los tratos económicos. El Presidente de México está colaborando al fenómeno.

La legalidad está lejos de ser una especialidad presidencial mexicana. Por el contrario, incumplir las leyes según las necesidades políticas o económicas de la hora fue su marca de fábrica.

No habíamos tenido, sin embargo, dentro de los años de la joven democracia mexicana un presidente que fuera él mismo origen de tantas conductas ilegales o impugnables legalmente.

El síntoma menos desalentador de este panorama, es que la ilegalidad venida del gobierno, según el recuento hecho por María Amparo Casar y José Antonio Polo resumido ayer en esta columna, no se da sobre un terreno civil inerte, donde nadie opone resistencia (https://www.nexos.com.mx/?p=43039).

Por hablar de las ilegalidades mayores, las que violan la Constitución, Casar y Polo comparan el número de controversias constitucionales presentadas en los primeros seis meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros seis de Andrés Manuel López Obrador.

Las cifras son: menos de 50 controversias con Peña Nieto y más de 150 con López Obrador. Un aumento de 259 por ciento.

Directamente presentadas contra decisiones del Ejecutivo, en los seis meses del gobierno de López Obrador, se han registrado siete acciones de inconstitucionalidad, 34 controversias constitucionales y más de 5 mil amparos.

No es un mal síntoma de la salud jurídica que queda en nuestra maltrecha cultura política el hecho de que un salto sin precedentes en la conducta ilegal de la autoridad, como la de este gobierno, esté produciendo un salto equivalente en querellas jurídicas de instituciones y ciudadanos contra la ilegalidad.

Dice un amigo jurista que los ciudadanos no se apropian en los hechos, en su vida diaria, de los derechos que tienen concedidos en sus mal conocidas leyes.

Vale decir: no litigan sus derechos, no los defienden en los tribunales. Estamos en un momento visible con derechos defendidos en los tribunales frente a los derechos violentados por la autoridad.

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