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Cuestionado sobre si la presidenta Sheinbaum tomó la decisión de entregar a Estados Unidos a los 29 cabecillas del narcotráfico, pese a que había ya “fundado” la acción en las facultades presidenciales previstas en la Constitución, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, contestó:

“El presidente ejecutivo de esa Comisión (Nacional de Seguridad) es el señor secretario. La reunión la llevamos con el señor secretario, que es el presidente ejecutivo, de acuerdo con la Ley…”.

Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, era el aludido, quien entró al quite asegurando que Sheinbaum nada tuvo que ver, porque la decisión se tomó en ese Consejo dizque de manera “colegiada”.

Algo también increíble, pero semejante, ocurrió la noche en que, flanqueado por los titulares de la Defensa y la Marina Armada, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para tapar a López Obrador, dijo que fue el Consejo Nacional de Seguridad el que decidió liberar a Ovidio Guzmán en el Culiacanazo (octubre de 2019), pero después el propio AMLO confesó que fue él quien había tomado la irresponsable decisión.

García Harfuch aseguró:

“Fue una decisión del gabinete de Seguridad. Es una decisión colegiada del gabinete de seguridad que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión…”.

Intentar relevar a su jefa de la responsabilidad, en vez de protegerla, mete en un brete a Sheinbaum y a los demás integrantes del gabinete de seguridad, pues habrían acordado no solo una gran pendejada, sino cometido una inconstitucional ilegalidad.

De tomarse en serio los pretextos esgrimidos, Sheinbaum habría quedado como si no tuviera el mando del gobierno y la sobada “seguridad nacional”  fuese un tema que se atreviera a ignorar, lo cual es inimaginable.

Y si las facultades exclusivas de la Presidenta no son delegables, ¿fueron entonces usurpadas por sus subordinados del gabinete de seguridad?

De ser así, habrían cometido no solo el delito de usurpación de funciones y facultades, sino traición a la Patria por entregar nacionales a jurisdicciones extranjeras y atentar contra la soberanía nacional.

García Harfuch debió considerar que una o dos horas antes, en Palacio Nacional, Sheinbaum había asumido implícitamente la decisión anunciando que poco después lo explicaría el gabinete de seguridad y culpando al Poder Judicial de la insólita entrega, lo que aprovechó para azuzar:

“La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción.”

Pero al despertar, Trump todavía estaba allí…