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“A todos nos gusta más la verdad que la mentira, pero cuando se trata de nuestra vida, a menudo preferimos la mentira a la verdad, porque la mentira justifica nuestra mala vida, mientras que la verdad la desenmascara”:

León Tolstoi

El caso del presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, en muchos sentidos no es un asunto menor. Un plagio es un robo, un robo intelectual. Es un acto de piratería.

En este asunto no solo está de por medio, la legalidad del trabajo académico de la ex alumna universitaria, sino la “legitimidad” de sus actos. Puede ser que, al final del juicio administrativo, las autoridades universitarias decidan que, en efecto, hubo plagio, pero el hecho no puede tener un castigo porque el delito ya no es vigente o porque no tiene los instrumentos institucionales para castigarlo.

Lo cierto, es que, en este trance, la legitimidad de la ministra y de la UNAM, ya ha resultado afectada y lastimada.

La ministra, decidió dar la pelea jurídica y ha solicitado una suspensión provisional con el propósito de que, la Universidad como institución, no pueda difundir información relativa al caso que analiza la Comisión de Ética de la máxima casa de estudios.

En un acto de soberbia, el representante legal de la jueza, después de aportar pruebas ante el comité ha sostenido que, su defendida está reaccionando ante lo que calificó como “actos notoriamente arbitrarios”, incluso fue más allá colocando a su clienta en un pedestal, ya que ella dijo, no tiene “nada que ver con el alma mater, ella -subrayó- está en un nivel superior”.

Sin querer queriendo, el abogado le dio al clavo de esta trama. Y es que, en el proceso administrativo, no solo está en juego la presunta legalidad del trabajo académico, sino la legitimidad de los actos que llevaron a la juzgadora a copiar o que le copiaran la tesis.

Aquí el riesgo es que, el juicio administrativo trascienda al campo judicial, puesto que las autoridades universitarias, aunque no lo han dicho públicamente, también han considerado la posibilidad de presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República por el delito de plagio con el argumento jurídico previsto en el artículo 427 del Código Penal Federal que a la letra dice:“ se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo al nombre del autor por otro nombre”.

Sin embargo, las autoridades universitarias tienen que agotar en primera instancia el proceso de carácter administrativo: esperar el dictamen final del Comité de Ética. Que pase a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario para llevarlo al pleno, y que la comunidad universitaria representada en ese órgano tome una determinación.

En medio de una crisis de valores como la que vivimos, el caso de la ministra, no es menor. Están de por medio la justicia y la impunidad que tanto nos acecha.

Benito Juárez decía que para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas. No sé del todo, si la ministra es amiga de las autoridades universitarias, lo que, si sé, y de cierto es que, el Doctor Graue no querrá pasar a la historia dejando sin castigo un acto presuntamente ilegal y profundamente ilegítimo de una ex alumna universitaria. La legitimidad de la UNAM quedaría profundamente lastimada.

Con que cara van a pedir ahora a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que, elaboren una tesis mediante el esfuerzo cuando saben que lo pueden hacer cometiendo un acto ilegal.

Sería un terrible mensaje para los universitarios, pero también para la sociedad entera que, cuando se necesitan mensajes de justicia, recibamos mensajes de impunidad desde el centro de estudios que, debe ser ejemplo de orgullo, honestidad, legitimidad y respeto.

De la libreta

° La declaración de culpabilidad para el ex policía modelo, Genaro García Luna no es una derrota para México como algunos quisieran. Es la tremenda evidencia de los vínculos del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado, ni más ni menos.

° Es sorpresivo que, hasta el momento, ningún integrante de la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre el caso de la ministra Esquivel. Es por lo menos sospechoso.

° En anteriores entregas, deslizaba la posibilidad de que la autoridad vinculará el atentado contra Ciro Gómez con el crimen organizado y ahora con una organización delictiva con sede en Jalisco. Su gran problema es ahora identificar a la autoría intelectual.

° Un gran abrazo y felicitación a Mario Ávila, director operativo de Grupo Fórmula de quien descubrimos es un gran músico. Acaba de publicar un álbum en plataformas con el título de PNEUMA. Agradable sorpresa.

@HectorHerreraAR