De Allende a Aguililla

“La vida son cortos momentos de inspiración seguidos por batallas prolongadas”:
Emilzan

Fue en marzo de 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón y el interinato estatal de Juan Torres López en Coahuila, ya que Humberto Moreira había abandonado el gobierno para dirigir el PRI nacional cuando ocurrió la Matanza de Allende. Un hecho que, por esos días, pasó casi desapercibido para los medios nacionales, a pesar de su violencia y crudeza.

En un lapso de 96 horas, los Zetas instrumentaron la cacería y el asesinato de la población civil de Allende, producto de una venganza interna del grupo delictivo que, sin miramiento masacró a todos por igual. Los relatos reconstruidos, ahora expuestos en el documental “Somos”, muestran que al menos 300 personas, fueron asesinadas y desaparecidas, (incineradas y enterradas) en ese periodo, aunque la Fiscalía de Coahuila reconoció en su momento, solamente la desaparición de 42 personas entre enero del 2011 y agosto del 2012.

Con la complacencia de fuerzas federales, estatales y municipales, durante tres largos y siniestros días, los Zetas se dedicaron a aniquilar a la población como venganza porque uno de sus integrantes había entregado información a la DEA, datos que, fueron compartidos a la Unidad de Inteligencia de la extinta Policía Federal de Genaro García Luna y que, a su vez, entregó a los líderes de los Zetas que, al verse vulnerados, ordenaron represalias contra la población entera.

Pasaron ocho años, en junio del 2019, para que los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieran una Disculpa Pública por los abusos y violaciones en el manejo de la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila. El 27 de junio, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló ante los pobladores de Allende que: “el presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos”.

En esos ocho años, Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, fue condenado a tres años de prisión en Estados Unidos, y Humberto Moreira, pisó la cárcel, ambos señalados por lavado de dinero que, en el caso de Moreira, no se pudo demostrar.

No es excesivo decir que, en Tamaulipas y Coahuila, de manera constante, el crimen organizado con la protección de las autoridades estatales e incluso federales, ha sostenido una acción de eliminación sistemática de la población, migrante y no migrante, demostrable desde la matanza de San Fernando pasando por la aniquilación en Allende y los recientes ataques contra la población civil en Reynosa y Matamoros. A pesar de la Disculpa Pública se podría iniciar un juicio en el Tribunal de La Haya por genocidio, por lo que ha estado sucediendo en esas entidades desde hace 10 años, y tendría argumentos jurídicos para sostener su tesis. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.

Lo que sucede en Aguililla, no está lejos de convertirse en tragedia, tal y como ha sucedido en Coahuila y Tamaulipas. La población civil se encuentra en medio del enfrentamiento de los cárteles que operan en Michoacán aderezado con la inacción e inutilidad de las fuerzas federales y estatales.

La impunidad y la violencia son los ingredientes que soplan los vientos que corren desde Allende hasta Aguililla. La responsabilidad no es solo del gobierno federal, desde hace una década, los gobiernos estatales en Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, ahí donde el crimen organizado ha sentado sus reales, deciden descargar culpas hacia el gobierno central cuando han sido omisos e incluso cómplices del crecimiento exponencial de la violencia en esas entidades.

No es casual que el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, esté señalado por sus nexos con el crimen organizado como tampoco extrañan las versiones que, van en el mismo sentido contra el gobernador de Michoacán.

Lo sucedido en Allende hace 10 años debe ser un recordatorio de que, abandonar a la población civil y dejarla en las manos del crimen organizado, es también un delito, y alguien debe responder por ello.

De la libreta

• Los tiempos han cambiado y las formas también. Ya no hay tapados, y eso es muy sano. Sheinbaum, Ebrard y Monreal, aceptan que ya están en el camino de la sucesión, lo que hace visible el proceso. La visibilidad los vulnera, pero también los obliga a ser transparentes.
• Por cierto, el nuevo vocero de Sheinbaum de nombre Sebastián Ramírez, piensa que todos los periodistas y medios de comunicación mexicanos son “prensa inmunda”. Dicen que es cercano a Jesús Ramírez y amigo de la familia López Obrador. La ignorancia es mala consejera. El niño Ramírez se olvida de los periodistas fallecidos y de quienes pensamos diferente. Lo que es “inmundo” es la vía de la generalización. Entiendo que el niño es académico, y como profesor, debería saber que metodológicamente, generalizar es un error académico de la mayor envergadura. En ese sentido, no creo que sea de mucha utilidad a la doctora.
• Hablando de presidenciables, en la penúltima entrega de Los Otros Datos, me faltó mencionar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Ofrece una cara renovada al panismo, y para quienes tenían dudas, la llamada Alianza por México, no va a durar más que un suspiro. Al tiempo.

@HectorHerreraAR