Durante los últimos tres años, la Corte ha atendido solo uno de sus pendientes relativos a las fuerzas armadas: la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, resuelto en octubre de 2021.
Hay una polémica sobre si la Suprema Corte anda lenta en la atención de sus pendientes.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha rechazado que este sea el caso. Tiene razón en unos asuntos y en otros no.
Haydee Gómez y Regina Isabel Miranda le preguntaron a la propia Corte sobre los tiempos en que han desahogado sus asuntos entre 1997 y abril de 2021. La Corte respondió, impecablemente. Los resultados, al 5 de julio de 2021, pueden leerse aquí.
Estos resultados indican que durante el periodo mencionado, 1997-2021, la Corte se tomó en promedio 352 días para resolver una controversia constitucional y 282 días para resolver una acción de inconstitucionalidad.
Durante la presidencia de Zaldívar, la Corte ha mejorado estos promedios, utilizando solo 272 días para resolver controversias constitucionales y 245 para resolver acciones de inconstitucionalidad. No ha sido ese el caso, sin embargo, con las querellas relativas a leyes que son impugnadas porque inducen a la militarización del país. Aquí la Corte ha ido muy despacio.
Tiene pendientes en este ámbito la solución de 3 acciones de inconstitucionalidad y 4 controversias constitucionales. La más vieja acción de inconstitucionalidad pendiente, dicen Gómez y Miranda, “fue presentada por la CNDH en 2016, hace mil 834 días”.
Alega que los códigos castrenses de justicia y de procedimientos penales “extienden la jurisdicción militar a personas civiles”. Las otras dos acciones de inconstitucionalidad pendientes en esta materia fueron presentadas el 26 de junio de 2019, hace 727 días.
Impugnan las leyes que crean la Guardia Nacional y que facultan a las fuerzas armadas para encargarse de la seguridad pública.
Las 4 controversias constitucionales pendientes que tiene la Corte fueron presentadas entre mayo y junio de 2020.
Las plantearon los municipios de Colima, Aguascalientes, Michoacán, y la Cámara de Diputados, contra el acuerdo del 11 de mayo de 2019 que permite el uso permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Durante los últimos tres años, la Corte ha atendido solo uno de sus pendientes relativos a las fuerzas armadas: la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, resuelto en octubre de 2021.
Se diría por estos datos, a reserva de actualizarlos, que la Corte teme tocar lo que el país teme también: la militarización de su vida pública.
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