Hay en el caso Murillo, sin embargo, algo distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora
La comisión gubernamental encargada del caso Ayotzinapa llegó a la conclusión que ya tenía: fue un “crimen de Estado”. Los simpatizantes del actual gobierno dijeron desde un principio: “Fue el Estado”.
Lo refrendan ahora desde el poder, pero no entregan un esclarecimiento del caso, sino a un culpable político: el encargado de la investigación anterior, Jesús Murillo Karam. No ofrecen una narración alternativa a la verdad histórica de Murillo que repudian.
Ofrecen una versión tachada, “testada”, que, con algunas variantes, llega a la misma verdad histórica de Murillo: los estudiantes fueron confundidos con rivales por grupos criminales del lugar, fueron detenidos y entregados a estos grupos por policías municipales y estatales, y asesinados y desaparecidos.
El alegato de la Comisión es que participaron en el hecho otros cómplices, encubiertos por Murillo, en particular cómplices militares. Esto es nuevo en el informe de la Comisión y ha dado lugar a órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, una bomba judicial y política cuyos detalles desconocemos.
El delito de “crimen de Estado” imputado a Murillo parece derivarse de este encubrimiento posterior a los hechos, no de los hechos mismos. Porque si “crimen de Estado” es que policías, autoridades y militares se coludan con criminales, podemos decir que México es un gran teatro de crímenes de Estado.
La colusión de agentes del Estado con el crimen sucede todos los días en México y alcanza en este sexenio una cifra que ronda los 125 mil homicidios, en su inmensa mayoría cometidos por grupos criminales que cuentan con la complicidad de policías, militares y autoridades municipales, estatales o federales.
La detención de Murillo es un nuevo ejemplo de la facilidad con que el gobierno puede fabricar culpables en México, valido de la figura de la prisión preventiva, que permite encarcelar a alguien con sólo acusarlo.
Hay en el caso Murillo, sin embargo, algo distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Me refiero a las órdenes de aprehensión contra mandos militares y cómplices civiles, en total más de 80. No sabemos con qué pruebas los acusan, pero si es con las mismas que acusan a Murillo estamos quizá ante la redada de presos políticos mayor de nuestra historia.
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