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El presidente López Obrador mostró en su conferencia de la mañana una carta mía dirigida al entonces presidente Salinas de Gortari.

La carta habla de una serie de estudios educativos que Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación en ese gobierno, coordinó en un centro de investigación asociado en aquellos años a la revista Nexos.

El costo total de los estudios, asienta la carta, habría sido de 614,146,000.00 pesos.

Pero se trata de pesos viejos, anteriores a la quita de tres ceros que el gobierno hizo a la moneda en 1993. En pesos de hoy, al valor deflactado, se trata de alrededor de 6 millones.

Eso pagó el gobierno por un diagnóstico de la educación de México cuyas piezas medulares fueron dos pruebas de conocimientos hechas a alumnos de primaria y secundaria, en cuatro áreas de estudio: Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El diagnóstico se hizo con la participación del Inegi y con ensayos de un grupo de especialistas reconocidos. Fue una aportación sustantiva a la reforma educativa de 1992.

También fue una aportación pública.

Sus resultados aparecieron en la revista Nexos en el mes de junio de 1991, bajo el título: “México: ¿un país de reprobados?”, porque los promedios nacionales en las pruebas fueron menores a 5. (Nexos, Guevara Nieva, junio 1, 1991)

Los exámenes y los ensayos fueron compilados por Guevara Niebla en el libro titulado La catástrofe silenciosa, editado por el Fondo de Cultura Económica, en 1993.

Eso era nuestra educación, una “catástrofe silenciosa”. Lo sigue siendo. Nuestra contribución entonces fue tratar de hacerla visible.

Aquellos exámenes fueron los primeros que se hicieron fuera de la SEP y que se dieron a conocer en México. Esa fue la condición del acuerdo con el gobierno: que los resultados fueran publicados.

El gobierno contrató un servicio tangible, público, por el cual Nexos pagó impuestos de acuerdo a la ley.

Este ha sido el caso de todos los contratos de servicios, editoriales o publicitarios, celebrados por Nexos con distintos gobiernos a lo largo de sus 45 años de historia: contratos ceñidos a la ley.

Esto es más, y muy distinto, de lo que puede decir el presidente López Obrador sobre sus ingresos y sobre sus impuestos, a lo largo de su carrera política.