Eso no impide, claro, los linchamientos matutinos en contra de exfuncionarios que han optado por seguir con su desarrollo profesional, incluso de su propio gobierno
El presidente Andrés Manuel López Obrador quería que nadie que estuviera bajo su mando trabajara en la iniciativa privada por lo menos 10 años después de haber dejado el cargo y si se trataba de algún alto funcionario de los gobiernos anteriores, él quisiera que no volvieran a trabajar nunca en su vida.
Así que, con esa visión mezquina, no le va a caer nada bien que la ex secretaria de Energía en tiempos de Felipe Calderón, Georgina Kessel, sea la nueva presidenta del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat. De hecho, ya la había atacado por formar parte también del Consejo de Administración de la empresa energética española Iberdrola.
Al Presidente no le importa la capacidad de las personas, como probadamente la tiene Kessel Martínez, o como la tienen muchos de los funcionarios públicos que han decidido prestar sus servicios a este régimen.
En la visión autocrática lo que cuenta es la devoción a él y a su proyecto. 90% lealtad, 10% conocimiento, ha dicho López Obrador. Y por ello, al inicio de su mandato impuso un candado para que cualquier alto funcionario que tuviera “el privilegio” de servir bajo su mandato no pudiera trabajar en actividades relacionadas con experiencia en una década.
No tenía más margen la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eliminar esa aberración del Artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana como finalmente lo hizo en abril pasado.
Eso no impide, claro, los linchamientos matutinos en contra de exfuncionarios que han optado por seguir con su desarrollo profesional, incluso de su propio gobierno.
Es en esa misma ley de Austeridad Republicana donde se incluye esa redacción populista de que nadie puede ganar más que el Presidente, cuando solamente se hace referencia al salario nominal y no se toma en cuenta que López Obrador tiene comida, transporte, luz, agua, gas, decenas de ayudantes y vive en un palacio como parte de sus múltiples prestaciones en el cargo.
Hay muchos funcionarios del actual régimen que están profundamente agradecidos con el grupo de senadores de la oposición que, en el 2019, presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de ese absurdo veto de 10 años para trabajar en lo que saben hacer en la iniciativa privada.
Ahora, hay algunos buenos funcionarios públicos, específicamente del sector financiero, que hoy discretamente se apuntan para un nuevo trabajo y no en el sector privado.
No es un secreto que López Obrador guarda rencores y el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, cayó de su gracia. Hasta hoy, lo ha castigado con su designación como candidato a una elección perdida en el Banco Interamericano de Desarrollo y con la incertidumbre sobre si lo ratificará o no este mismo mes.
Si se la cobra a Esquivel y no lo nomina, es ahí donde hay varios apuntados para tener ese puesto codiciado en una institución autónoma, a la que no se aplican candados laborales y que ciertamente tiene salarios más decorosos.
Saben que quien llega al banco central mexicano y hace un papel digno puede lavarse la cara de ser parte de un régimen tan desastroso como el actual y que cuando López Obrador deje la presidencia, como lo marca la Constitución, ellos podrán seguir en un buen puesto y con más tranquilidad.
Minuto a minuto
