Hacia una democracia mediocre

Para el consejero presidente, Lorenzo Córdova, la decisión de la Cámara de Diputados de escamotear al presupuesto del Instituto Nacional Electoral 950 millones de pesos “fue una apuesta a la parálisis institucional por la vía de los recursos”.

Beneficiaros del trabajo del sistema que garantizó la limpia realización de las elecciones que les permitieron ser legisladores, los diputados que aprobaron la disminución de lo requerido para una operación electoral confiable no buscaron el ahorro, sino complacer al Presidente y su llamado a la austeridad, sin reflexionar en que tijeretear a lo güey pone en serio riesgo la democracia mexicana.

Conforta saber que el organismo encabezado por Córdova está dando la batalla contra quienes pretenden pulverizar el abaratamiento del instituto, poniéndolo en aprietos para cumplir sus responsabilidades.

La semana próxima, los consejeros del INE resolverán si presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, cuyos magistrados tendrán razones de sobra para que se otorgue el dinero necesario.

Para que con el fallo de la Corte la diputación federal no quede constitucionalmente en ridículo por legislar con supino desconocimiento de las consecuencias de su mediocre actuación, lo mejor será que prosperen las conversaciones del INE con la Secretaría de Hacienda, a fin de que se le amplíe lo aprobado, si no con los 950 millones de pesos que le fueron agandallados, con al menos 619 para sufragar los costos de las elecciones ordinarias que habrá este año en cinco estados.

Desde finales de diciembre, Córdova había hecho notar lo insano que es el que un organismo autónomo tenga que acudir a otras instancias (como Hacienda) para obtener los recursos que le permiten cumplir sus tareas básicas, ya que podría generarse un escenario donde se pueda condicionar el dinero a cambio de “otras cosas”.

A la pericia de Hacienda y su titular, Carlos Manuel Urzúa Macías, debe sumarse la de Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, ya que el recorte que se aplicó se deriva de una operación eminentemente política.

La tasajeada al presupuesto dejó en capilla la instalación de 16 mil 124 casillas para los comicios en Baja California (gobernador, alcaldías y Congreso), Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas (diputados y ayuntamientos). En Puebla (la entidad con mayor conflicto poselectoral, donde se dio el trágico final de la gobernadora constitucional), por fortuna, el costo de las elecciones correrá a cargo del erario local.

Se reprocha que “la democracia” mexicana es de las más caras del mundo, pero es el INE el que expide, apechugando el costo, las credenciales que en otros países llaman cédula de identidad y que otorgan ministerios equivalentes a la Secretaría de Gobernación.

Ahora, ¡chíngale!, no alcanza para seguirlas subvencionándolas…