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Con la peregrina idea de que “el pueblo es sabio” y “nunca se equivoca” (¿qué tal el alemán de 1933?), el presidente Andrés Manuel López Obrador supone que la elección popular de jueces, magistrados y ministros garantizará una ejemplar impartición de justicia.

El Poder Judicial “está podrido”, repitió ayer.

¿No lo estaba cuando el federal fue presidido por Arturo Zaldívar, a quien exhibió tan servicial que presionaba a jueces y magistrados para lograr sentencias afines a la 4T?

En la mañanera, injurió y calumnió de nuevo al respetable ministro Luis María Aguilar, atribuyéndole una condición imposible de probar:

“Este señor hablando de la Constitución, cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución…”.

Dijo también que si los juzgadores son electos en las urnas “no serán empleados de particulares ni de las cúpulas de poder”.

¿Tampoco de las empresas, los caciques regionales y los grupos criminales que financien sus campañas, sobre todo los partidos y en especial el suyo y la “cúpula” mayor, la Presidencia de la República?

Vaya embrollo que han causado las distintas formas de llegar a la reforma constitucional del Poder Judicial: la inamovible de AMLO y la que pregonaba Claudia Sheinbaum para que antes de aprobarla se consultara con universidades, facultades de Derecho, colegios y barras de abogados, trabajadores del sector, ministros, magistrados y jueces.

Ante las declaraciones zigzagueantes y contradictorias de la virtual presidenta electa y los líderes camerales de su partido con los prometidos “foros abiertos” en que se ventilará la iniciativa que desde el 5 de febrero dormita en el Congreso, subrayó que, aunque se realice la consulta, nadie frenará la insensata elección popular de ministros, magistrados y jueces.

—¿El corazón de la reforma, que es la elección de los mil 600 juzgadores (son mil 656), es irreductible para ustedes? —le preguntaron.

—Sí, para nosotros sí —respondió, y se explayó:

“Lo que creo que debe sostenerse es que sea el pueblo el que los elige, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, no van a ser empleados de particulares ni de las cúpulas de poder económico o político. Van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo, eso es la democracia”, afirmó, sin reparar en que el “pueblo” se manifiesta de muy diversas formas, algunas de carácter criminal.

¿Por qué juez o jueza votarían los 400 o más asesinos que este martes lincharon y quemaron vivos a cuatro presuntos ladrones en el “pueblo mágico” de Atlixco?

Además de impartiendo la justicia en que cree, a los futuros juzgadores elegidos por “el pueblo” el Presidente los imagina vacunados contra la corrupción.

¿Lo están los diputados federales o estatales que fueron elegidos y se precian de ser “representantes populares”?

En la misma lógica, propongo que todos los casi seis millones de servidores públicos que hay en el país pasen la prueba de las urnas y se acabe súbitamente con la corrupción…