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En público y en privado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ha planteado que la mejor forma de combatir a la impunidad es llevar a los responsables ante los tribunales.

En el combate al lavado de dinero, empero, hay mucho terreno por recorrer: entre 2016 y 2018, las autoridades federales han incautado 10,442 millones de pesos, sospechosos de provenir de actividades delictivas. En ese mismo periodo, en contraparte, sólo 15 millones de pesos han podido ser decomisados.

La coordinación entre la UIF-SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido asegurar cuentas y bloquear el acceso a recursos financieros de los delincuentes de cuello blanco, quienes son denunciados ante las unidades especializadas de la FGR. En caso de que los delitos cometidos sean delitos electorales o de corrupción, las denuncias se presentan ante la FEDE y la FECC, respectivamente.

En este entramado institucional, ha planteado Nieto Castillo, sería pertinente contar con una Guardia Financiera, un cuerpo especializado para la investigación y persecución de estos delitos.

La idea de contar con policías especializadas para combatir a las bandas delincuenciales responsables de robos, asaltos, extorsiones y secuestros, también ha permeado a otras ramas del gobierno de la República. El comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos, prepara ya un cuerpo policiaco de élite, conocedor de esa industria, que se ubique en los territorios en donde están las empresas mineras.

La SPF generaría células especializadas en ese sector y ya prepara un Protocolo Nacional de Atención y Contención de Incidentes en Seguridad en el sector minero. Personal de esa corporación, adscrita a la Secretaría de Seguidad Ciudadana, recorre estados mineros a fin de realizar un diagnóstico de la industria y proponer estrategias en materia de seguridad para que su accionar no se quede sólo en la reacción ante eventos o incidentes.

El SPF abrió una convocatoria y registra a los policías con más experiencia, de mayor confiabilidad y de mejor perfil psicológico para integrar un equipo especializado, para lo cual realiza un proceso de reclutamiento. Espino Barrientos anunció que para apoyar la labor de su equipo, una empresa minera facilitará instalaciones en breve, pero omitió el nombre por razones de seguridad.

La seguridad de terminales marítimas y aduanas en las costas mexicanas está a cargo de la Secretaría de Marina. En las últimas semanas, en donde se han incrementado el robo a mano armada por personas infractoras de la ley, tanto a embarcaciones como plataformas petroleras nacionales como de otros pabellones en el Golfo de México.

La operación Refuerzo Sonda fue desplegada por el alto mando de la Semar y para aumentar la protección, la autoridad marítima nacional estableció nuevas disposiciones, según consta en el oficio 872/20, dirigido a la comunidad marítima y las agencias navieras consignatarias del puerto regional de Dos Bocas, bajo la firma del capitán Sergio Rubio Márquez.

Hace cuatro días, el mando naval comunicó a los armadores u operadores de los buques que deberán intensificar la aplicación de los procedimientos en materia de protección del buque y su tripulación, conforme lo establece el Código PBIP, que se haría extensivo a las embarcaciones a las que normalmente no se aplica, “con el fin de no ser presa fácil de los delincuentes”.

El Código PBIP sólo aplica a barcos de más de 500 toneladas peso bruto, unidades de perforación móviles (MODUs) en tránsito y todo tipo de barcos en ruta internacional, pero no aplica a plataformas petroleras fijas o a MODUs fijas; tampoco a ferris.

Para que la instrucción del mando naval tuviera efectos tendría que proceder una reforma a la legislación vigente, según las conclusiones de Adriana Zúñiga-Ávila en una tesis doctoral sustentada hace dos años. “Las capitanías de puerto no pueden imponer esa medida a las plataformas y embarcaciones de menor peso en cabotaje, sin una ley que lo exija”, insistió la especialista.

Efectos secundarios
CONTUNDENCIA. El juez Iván Aarón Zeferín Hernández ordenó a la Fiscalía General de la República ejecutar las órdenes de aprehensión decretadas contra los principales directivos de la cooperativa Cruz Azul y también contra Ángel Martín Junquera Sepúlveda, asesor externo, a quien señalaron como el arquitecto del esquema de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos. Junquera preside el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México –entre sus clientes están el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el empresario Carlos Cabal Peniche– y es el principal accionista de Elara Comunicaciones.

POSTURAS. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que debido al aumento de casos de Covid-19, se endurecerán las acciones para el cumplimiento de las medidas sanitarias en el estado y, como primera decisión, no se permitirá la reapertura de las actividades económicas y sociales al 75%, como se había previsto.

SEÑALAMIENTOS. Luis Gutiérrez Reyes cumple dos meses como subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad y su lealtad está a prueba: deberá investigar a Pablo Amílcar Sandoval, delegado de los programas federales en Guerrero y hermano de su jefa.