¡No era cuento!

A menos de 90 días de la histórica elección de medio término, el 3 de noviembre, la preocupación, desesperación e incertidumbre llegaron a la Casa Blanca para quedarse.

Cuando la promesa de sueños de Donald Trump durante toda su campaña se ha convertido en una terrible pesadilla para un pueblo estadounidense, agobiado por la guerra de Irán que se extiende, consume más vidas, dispara los precios, aumenta la inflación, devalúa el dólar, devora recursos, agota el arsenal estratégico de misiles y aísla al gobierno de Estados Unidos, que, en corto tiempo, quizás podría iniciar otra guerra, en su propio territorio.

¿Por qué…?

Porque, consciente del creciente rechazo y desaprobación de más del 70% de la población, que facilita un eventual triunfo demócrata en las dos Cámaras del Congreso, lo que constituiría un golpe mortal para su proyecto 2025 y para el futuro político del mandatario.

Igual que para su productivo enriquecimiento, obteniendo, con el cargo, terrenos y facilidades para sus Clubes de Golf y hoteles, en una rampante corrupción, incluyendo préstamos del Pentágono y financiamiento del Departamento de Comercio a empresas en que sus hijos participan, para la explotación de minerales raros o fabricación de drones.

Pero sus esfuerzos han sido insuficientes ante el incremento de oposición a sus políticas, que le restan la aprobación general y amenazan contribuir a la derrota republicana en noviembre, por el efecto adverso de reglas que exigirían presentar prueba de ciudadanía para el registro y voto o eliminar métodos de votación por correo, máquinas o anticipado, así como limitar horarios para el conteo, buscando un resultado favorable por todos los medios.

Para estar seguro, ha reforzado sus planes con órdenes ejecutivas o iniciativas de ley que le permitan meter mano en los comicios.

El más reciente, argumentando buscar con falsos argumentos la “integridad del voto,” presentando un supuesto “Plan de Venezuela para interferir en la votación de 2020,” como parte de documentos de inteligencia que desclasificó el 3 de julio pasado, “con los que urgió al Congreso a aprobar la Iniciativa de Ley “Salvar a América,” que permitiría la participación federal en las elecciones; injerencia que le niega la Constitución, que solo confiere esos eventos a los gobiernos estatales.

Habló de una vulnerabilidad a la interferencia extranjera que él propició, primero, solicitando a Rusia difundir los mensajes de Hillary Clinton y luego, con el desmantelamiento del Centro de Protección de Influencia Foránea, que desmanteló; con su Orden Ejecutiva 13848, eliminando protecciones contra amenazas de intervención de Rusia, China e Irán.
Inesperadamente, otro de esos documentos desclasificados confirmó la larga injerencia rusa en elecciones de Estados Unidos para asegurar la victoria de Trump en 2016 y 2020, investigada por el fiscal especial Robert Mueller, que Trump calificó de “cacería de brujas y engaño demócrata.”

Este reporte, del Centro Nacional de Inteligencia, destaca la participación directa del presidente Vladímir Putin y funcionarios de su gobierno en la propagación de una falsa narrativa de “corrupción” del vicepresidente Joseph Biden con la empresa ucraniana de energía Burisma, para la que trabajó Hunter Biden, hijo del expresidente.

Valiéndose de los rusos ucranianos Andrii Leonidovych Derkach y Konstantin Viktorovych Kilimnik, conectados con Moscú, orquestaron un “escándalo de corrupción de alto perfil,” en que trataron de implicar a Biden y al partido demócrata en supuestos actos de corrupción, difundiendo tanto como fue posible, en entrevistas, medios de comunicación de Estados Unidos y Ucrania y hasta documentales en redes sociales, “para asegurar la derrota del vicepresidente y asegurar el triunfo del “presidente.”

Kilimnik, quien tuvo contactos con Paul Manafort, jefe de la campaña de Trump en 2016, fue consignado y buscado por el FBI por obstrucción de la justicia y conspiración.

El documento es evidencia de los contactos probados de enviados del Kremlin para asegurar su elección, tanto en 2016 como en 2020, por los beneficios que ahora Rusia obtiene, facilitando la estrategia global de Vladímir Putin.

Entre las primeras acciones al inicio de su segundo mandato, Trump suspendió la multimillonaria asistencia militar de EE. UU. que impedía el avance de la invasión rusa a Ucrania.

Un reciente análisis ruso destaca cómo el retorno de Trump a la Casa Blanca hizo que “Ucrania dejara de ser el símbolo de unidad de la OTAN”, como —dice— pudo verse en la más reciente reunión en Ankara, donde, detrás de las cámaras, el encuentro fue más hostil de lo que se dijo.

Reunión en la que el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán generó fisuras, con la negativa de Francia, Gran Bretaña, Italia y España a involucrarse por no haber sido consultados y por el nuevo enfoque de la política estadounidense hacia Medio Oriente, igual que en la presión de que cada nación incremente su presupuesto de defensa al 5% del PIB, lo que generó preocupación de que Trump trate de forzar a Europa a una posición de subordinación, como indicó cuando en broma, ahora, dijo “ser el jefe.”

El análisis ruso destaca cómo, en lugar de fortalecer la cohesión transatlántica, los conflictos de Irán y Ucrania ampliaron divisiones y desacuerdos.

Bajo el argumento de la “paz en Ucrania,” Rusia y Estados Unidos se reunieron en Arabia Saudita a fin de analizar posibilidades de inversión multimillonaria, primero en Rusia, para la explotación de minerales raros, aluminio y generar energía eléctrica y, eventualmente, en la zona del Ártico, en yacimientos petroleros, de minerales, nuevas rutas de navegación y hasta turismo.

El gobierno del presidente Trump también levantó sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania, que le permitieron incrementar de 320 mil barriles de petróleo al día que le dejaban 9 mil 750 millones de dólares, a 7.1 millones de barriles diarios, que generan 19 mil millones de dólares a Moscú, aprovechando el cierre del estrecho de Ormuz.

Sanciones que el senador republicano Lindsey Graham buscó restablecer, como anunció recientemente en Kiev, antes de su sorpresivo fallecimiento.

El reporte, del Centro Nacional de Inteligencia, destaca la participación directa del presidente Vladímir Putin y funcionarios de su gobierno en la propagación de una falsa narrativa de “corrupción” del vicepresidente Joseph Biden con la empresa ucraniana de energía Burisma, para la que trabajó Hunter Biden, hijo del expresidente.

Valiéndose de los rusos ucranianos Andrii Leonidovych Derkach y Konstantin Viktorovych Kilimnik, conectados con Moscú, orquestaron un “escándalo de corrupción de alto perfil,” para implicar a Biden y al partido demócrata en supuestos actos de corrupción, que difundieron tanto como fue posible, en entrevistas, medios de comunicación de Estados Unidos y Ucrania y hasta documentales en redes sociales, “para asegurar la derrota del vicepresidente y asegurar el triunfo del “presidente.”

Kilimnik era buscado por el FBI por cargos de obstrucción de la justicia y conspiración, tuvo contactos con Paul Manafort, jefe de la campaña de Trump en 2016.

Ahora, ante la amenaza que Trump ve en la elección de medio término, legisladores demócratas y expertos han manifestado el temor de que, presa de la desesperación e incertidumbre, el presidente Trump impida la realización libre de elecciones, con el argumento de una emergencia o que, al conocer un resultado adverso, trate de argumentar ilegalidades o injerencia externa para declararlas improcedentes.