¿Greenwash en San Lázaro?

Excluidos, los ambientalistas y las organizaciones de la sociedad civil están molestos con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho, por haber cumplido con la encomienda presidencial y sacar adelante la nueva Ley General de Economía Circular.

El cabildeo de la funcionaria federal tomó varios meses —insisten— y solo estuvo dirigido al sector privado. El proceso legislativo apenas tomó 20 días. El mandato de proteger la salud y el ambiente, expresado en la ley marco en la materia, corre riesgo de quedar nulificado.

La nueva Ley General de Economía Circular, se quejan, no refleja la ambición necesaria en materia de reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de residuos, y la protección de los ecosistemas, la salud y las personas. Todo lo contrario: privilegia criterios económicos y productivos por encima de la protección ambiental.

Entre los principales asuntos impugnados en la nueva ley está la inclusión de la termovalorización: la quema de residuos para generar energía, lo cual es altamente perjudicial para la salud, sector en el que no hay una supervisión obligatoria ni salvaguardas. Además crea distintivos, registros e incentivos fiscales para las empresas y la Responsabilidad Extendida del Productor está sujeta a acuerdos graduales y flexibles para la industria, cuya auditoría es organizada por esta misma, lo que posibilita el greenwashing.

Las protestas de los activistas medioambientales a las puertas de San Lázaro cerraron dos semanas intensas. El respaldo de los grupos parlamentarios a la iniciativa de la nueva Ley General de Economía Circular fue unánime: el dictamen fue aprobado ayer en el Pleno, con 460 votos a favor y la minuta inmediatamente fue remitida al Senado, para su revisión.

Las prisas legislativas pasaron por encima de las posturas de los activistas y del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a garantizar la participación ciudadana en decisiones ambientales, que se duelen de que la nueva ley marginó fuera a comunidades, sociedad civil y especialistas independientes.

“Lamentamos mucho que los diputados hayan ignorado a la ciudadanía y decidieran de manera expedita y discrecional”, lamentó Viridiana Lázaro, de Greenpeace México. “Esto es un golpe al medioambiente y consolida el status quo disfrazado de innovación verde”.

Efectos secundarios

METODOLOGÍAS. Al final, fueron dos oferentes, por la descalificación de una de las concursantes en la licitación LP-INE-033/2025, por el contrato para elaborar la credencial para votar con fotografía durante los próximos seis años. Las dos finalistas fueron sometidas a pruebas especializadas sobre materiales, durabilidad y seguridad del documento y también a una evaluación económica que terminó por confirmar que la decisión se tomó estrictamente con base en criterios objetivos, sin espacio para interpretaciones políticas o favoritismos. El INE hizo su tarea: cumplió con un proceso técnico, profesional y completamente verificable. Y se espera esa misma actitud en la Fiscalía General de la República en vísperas del fallo de la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026.