La obligación primera del Estado democrático es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos mediante la aplicación de la ley y con respeto a los derechos humanos. La aplicación de la ley requiere voluntad política pero la voluntad política requiere instrumentos de gobierno. No basta con querer aplicar la ley, hay que poder … Continued
La obligación primera del Estado democrático es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos mediante la aplicación de la ley y con respeto a los derechos humanos.
La aplicación de la ley requiere voluntad política pero la voluntad política requiere instrumentos de gobierno. No basta con querer aplicar la ley, hay que poder aplicarla.
No quisiera entrar al problema metapsíquico de si el gobierno tiene o no voluntad política de aplicar la ley.
Lo que nos ha demostrado estas semanas de ilegalidad social y desobediencia pública es que no puede aplicarla. Ya lo sabíamos, pero no en la dimensión y con las consecuencias semicatastróficas que nos han mostrado estos días.
La capacidad de aplicar la ley del Estado mexicano encuentra muy rápido sus límites. El gobierno renuncia pronto a los medios de coerción legal y se entrega a la negociación política, lo cual no significa en el fondo sino que negocia la ley con quienes la han violado.
Para contener la movilización que ha paralizado en estas semanas a Oaxaca, Chiapas y a parte de Guerrero y Michoacán, el Estado no tiene policías suficientes. Hubiera necesitado, según cálculos de gente enterada, 30 mil efectivos, pero no hay disponible esa cantidad de policías federales. Habría tenido que echar mano del Ejército.
La experiencia le dice, sin embargo, que, llegado a un punto serio de choque, los soldados tampoco serían una solución. Su intervención podría solo agravar el problema, extendiendo la violencia.
Eso es lo que ha sucedido con el combate militar al narcotráfico y el crimen organizado. El intento de sofocar ambos por la fuerza va a cumplir este año una década. No ha hecho sino multiplicar y volver endémica la violencia que se pretendía erradicar.
Frente a esta debilidad estructural de los instrumentos necesarios para aplicar la ley, valen poco las astucias de la negociación, aunque son las únicas que pueden posponer, maquillar o disolver el problema mediante arreglos normalmente inconfesables, normalmente monetarios.
Se ha dicho, creo que por Samuel Huntington, que lo importante no es el tipo de gobierno sino el grado de gobierno. Creo que la democracia ha reducido el grado de gobierno de México.
Frente a los conflictos serios que enfrenta, sea por su violencia o por su tamaño social, el Estado mexicano se encuentra muy rápido en el grado cero de gobierno.
Minuto a minuto
